Tenía 32 años y era madre de dos niños, de nueve meses y cuatro años. Se quitó la vida en su casa el 25 de mayo de 2019, cinco días después de que empezaran a difundirse por whatsapp cinco fragmentos de un vídeo sexual suyo entre buena parte de los 2.500 empleados de la planta de Iveco donde trabajaba. Tras su muerte, se abrió una investigación, pero el juzgado de lo penal número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha sobreseído provisionalmente el caso sin encontrar culpables, según ha podido saber este periódico.
La Policía Nacional y la fiscal de Criminalidad Informática Elvira Tejada investigaron la filtración de las imágenes, que la mujer había enviado años atrás a un antiguo novio y compañero de trabajo en la fábrica de camiones CNH Industrial.
Los agentes tomaron declaración al hombre y a otros compañeros de la víctima que recibieron en sus teléfonos móviles los vídeos sexuales de la mujer, pero sus pesquisas no han permitido identificar al responsable de la primera publicación, la primera persona que envió los vídeos la primavera del pasado año.
Tampoco pudieron acreditar con exactitud cuántas personas lo vieron (al menos varios cientos, según fuentes de la investigación) y compartieron una vez que se había propagado por grupos de whatsapp.
Los investigadores tampoco encontraron pruebas de que alguien intentara chantajear a la mujer con esas imágenes. Sin delito y sin acusados, la magistrada Ana María Gallegos ha cerrado el asunto.
"Es frustrante, pero la ley española dice que para investigar un supuesto delito contra la intimidad la víctima debe haber presentado una denuncia, algo que la empleada de Iveco no llegó a hacer. Sin su denuncia y sin indicios de que fuera víctima de una extorsión, todo es muy complicado", explican fuentes de la investigación.
El padre de la fallecida, que está personado como acusación particular en el procedimiento, podría presentar un recurso contra la decisión de la juez, dado que el sobreseimiento no es definitivo.
Ahora queda pendiente de resolverse la investigación que la Inspección de Trabajo abrió después de que CCOO Industria de Madrid presentara una denuncia contra Iveco España "porque no aplicó el protocolo de acoso ni cumplió con la ley de prevención de riegos laborales, a pesar de tener conocimiento por la propia víctima de lo que estaba ocurriendo".
Según la denuncia sindical, dos días antes de suicidarse la mujer se reunió con la dirección de Recursos Humanos de la compañía "para abrir el protocolo de prevención de acoso sexual de manera informal".
En aquella reunión del 23 de mayo de 2019 y en la que estuvieron presentes la delegada de Igualdad y otros representantes de CCOO, la empleada comunicó a la empresa, "de forma verbal", que "se estaba visionando y reenviando sin su consentimiento un vídeo íntimo y de carácter sexual por distintos grupos de whatsapp en el entorno laboral".
La denuncia recoge cómo la mujer contó a la compañía que estaba pasándolo muy mal, mencionando expresamente la "situación de acoso y la vergüenza" que estaba sufriendo y trasladándoles "la desesperación" en la que se encontraba. "Ella estaba destinada en la planta de producción, donde la mayoría de empleados son hombres. Se sentía señalada por sus compañeros e incluso por empleados de otras secciones que aquellos días acudieron a su puesto de trabajo para verla y comprobar si ella era la protagonista de los vídeos que les habían reenviado", afirman testigos.
Los rumores en su entorno laboral y la presión que provocaron sobre la víctima llevaron incluso a tomar medidas especiales para protegerla.
En la denuncia de CCOO a la Inspección de Trabajo, que sigue pendiente de resolución, concluyen que: "Lo que le ha pasado a la trabajadora es consecuencia del acoso que estaba sufriendo en el ambiente laboral. La falta de medidas preventivas ante el riesgo psicosocial que estaba sufriendo, la no evaluación de dicho riesgo, ha resultado desgraciadamente con la muerte de la empleada".
Desde el sindicato lamentan que "nadie en la empresa intentara frenar la difusión de aquellos vídeos, hubiera bastado con enviar un mensaje en alguno de esos grupos de whatsapp alertando de que reenviarlos era un delito. Pero no la protegieron".
