Las distintas fuerzas de seguridad detectaron el año pasado un total de 8.841 ciberdelitos en Canarias, según el Ministerio del Interior que, por primera vez, recoge datos de todos los cuerpos y fuerzas policiales del territorio nacional. En el conjunto de España se contabilizaron 218.302 hechos presuntamente delictivos ligados a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), lo que supone casi el 10% de toda la criminalidad.
La provincia de Las Palmas tramitó 5.125 denuncias por cibercriminalidad en 2019, por los 3.716 de Santa Cruz de Tenerife, según el informe publicado ayer. En el conjunto de España se esclarecieron 30.841 casos, lo que supone 15 de cada 100 expedientes tramitados. La labor policial permitió la detención e investigación de 8.914 personas.
Los expertos señalan que el comportamiento de las víctimas menores de edad se distingue del patrón de los mayores. En especial, porque los primeros "son más vulnerables a las amenazas y coacciones, y a los delitos sexuales".
Los datos contabilizados en los últimos cuatro años permiten constatar que la ciberdelincuencia es un fenómeno en constante crecimiento. En 2016 se detectaron 92.716 hechos, con un crecimiento del casi el 36% en los últimos cuatro años. Esta subida implica un mayor peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad española. Si en el primero año de esta serie supuso el 4,6% del total, ahora acapara el 9,9%.
De los 218.302 posibles ciberdelitos conocidos en 2019, el 88,1% (192.375) corresponde a fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia, la siguiente categoría por volumen de casos son las amenazas y coacciones cometidas a través de internet, con 12.782 casos que representan un 5,9% del total.
El perfil del ciberdelincuente es un hombre (el 74,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y nacionalidad española (79,6%), presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales, según Interior.
Desde el punto de vista geográfico, la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y La Comunidad Valenciana como las regiones que concentran más infracciones penales en este ámbito. Y, a nivel provincial, están a la cabeza Madrid, Barcelona, Valencia e Islas Baleares.
La mayoría de los detenidos e investigados tiene nacionalidad española (79,6%) Y, entre los extranjeros predominan los originarios de Rumanía, Marruecos, Colombia y Venezuela.
Y, en cuanto a sectores estratégicos, los más afectados fueron los financieros, según el informe, seguido del transporte y la energía. Y, en casi nueve de cada 10 casos de las categorías delictivas se trata de fraude informático, seguido a gran distancia de amenazas y coacciones.
