El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Fernando Paredes, ha impuesto la pena de prisión permanente revisable al joven Ricardo Ortega, como culpable del triple asesinato cometido el 23 de marzo del 2018 en la zona de Llanos de Guaza, en Arona. La autoridad judicial impuso el máximo castigo para el caso del abuelo del procesado, Luciano Martín, mientras que lo condena a 42 años y medio de cárcel por las muertes violentas de sus padres adoptivos; es decir, 20 años por Antonio Ortega y otros 22 y seis meses por Carmen Nola Martín. El presidente del Tribunal Popular dictó esta resolución a pesar de que en el veredicto, los miembros del Jurado no estimaron "que el abuelo tuviera la consideración de persona especialmente vulnerable a los efectos de imponer la prisión permanente revisable".

En el asesinato de Antonio Ortega concurren las agravantes de parentesco y la de alevosía (en la medida en que la víctima no tuvo opción de defenderse). Las mismas circunstancias se dan en el episodio del abuelo. Y, en cuanto a la madre, reafirma las agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento (pues causó un dolor innecesario en la mujer). El magistrado le impuso también a Ricardo Ortega la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas con un total de 450.000 euros, es decir, 150.000 euros por cada uno de los asesinados. Contra la mencionada sentencia se puede presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ( TSJC ).

El juicio contra Ricardo Ortega se desarrolló en la semana del 22 al 26 de junio en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En la primera sesión de la vista, el acusado manifestó que el asesinato de sus tres familiares adoptivos se produjo después de que sufriera supuestas vejaciones, desprecios, humillaciones y ninguneos por parte de los mismos a la hora de respetar sus decisiones como persona en aspectos como la carrera universitaria a cursar o la elección de, al menos, dos de sus novias.

Ese presunto rencor se centraba, sobre todo, en la madre, maestra de profesión, supuestamente porque no le confirmó hasta que tuvo 18 años que era adoptado. Al acusado también le molestó, de forma considerable, que, en alguna ocasión, la progenitora le dijera que su madre biológica lo tuvo por capricho y, si no le gustaba, que se jodiera. Durante el juicio, quedó acreditado que el joven era adicto a varias sustancias estupefacientes y llegó un momento en que necesitaba consumir marihuana antes de comer o de dormir para poder estar bien.

Tras una serie de desencuentros con sus padres por su forma de comportarse y algunas decisiones, en enero del 2018, Ricardo regresó a la casa familiar, situada en medio de la finca de plataneras propiedad de los fallecidos. Y el 23 de marzo ocurrió la tragedia.