La Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo, en Gran Canaria, ha investigado a un vecino del municipio de Valsequillo de 52 años de edad el pasado día 07 de julio, como presunto autor de sendos delitos contra la seguridad vial y por simulación de delito, al conducir un vehículo sin permiso de conducción, eludir un control de seguridad y denunciar posteriormente el robo de su vehículo con la supuesta intención de tener una coartada o excusa para evitar el primer delito.

Fuga

La investigación comenzó el pasado día 25 de mayo, cuando agentes de la Patrulla Rural de Compañía realizaban un control de seguridad ciudadana en torno a las 12:15 horas en la vía GC-41, donde el conductor de uno de los vehículos desobedeció las órdenes de los agentes y se dio a la fuga, comenzando inmediatamente las indagaciones policiales para identificar al conductor.

Denuncia falsa en Policía Local

Días después la Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo recibió una denuncia presentada en la Policía Local de Valsequillo, sobre un supuesto robo del vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el control citado, coincidiendo con el mismo horario del control citado de los agentes de la Guardia Civil.

Permiso de conducción

Las pesquisas policiales posteriores permitieron conocer que el conductor, que eludió el mencionado control de la Guardia Civil, y que puso la denuncia citada en la Policía Local, no disponía de permiso de conducción, por lo que fue investigado por sendos delitos contra la seguridad vial (artículo 384 del Código penal) y por simulación de delito, quedando a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Penas por la simulación de delito

Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.

Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.