"Vamos a acabar por suicidarnos"

Caminando Fronteras recoge en un comunicado hecho público ayer relatos de varias personas acogidas en las Islas que suponen, subraya, una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Viven hacinados, sin garantías de seguridad frente a la Covid-19 y carentes de algunos recursos básicos, asegura la ONG que documenta también expulsiones de los centros aun cuando la única "alternativa habitacional" es la calle.

La Delegación del Gobierno negaban ayer estas circunstancias, pero no se esconde que la masiva llegada de inmigrantes a las Islas en los últimos meses -agravada por las exigencias sanitarias de la pandemia- tiene desbordadas a la organizaciones que los atienden y a las administraciones en el Archipiélago. Urge la articulación de una red de centros para la acogida de alrededor de 400 personas que sirva de alternativa a las canchas, colegios o residencias escolares que se han venido utilizando mientras la pandemia impedía otro tipo de uso. El Gobierno de Canarias está a la espera de que el Ministerio de Defensa les ceda algunas de sus propiedades en desuso o a medio gas.

Desde enero al 15 de agosto, el Ministerio del Interior ha contabilizado la llegada de 3.448 migrantes a las Islas a bordo de pateras o cayucos, frente a los 556 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 520% .

"Nos vemos obligadas a buscar ropa en la basura para poder vestirnos", sostienen varias inmigrantes en un vídeo colgado por Caminando Fronteras en las redes en que el denuncian que convive en una nave en Lanzarote más 100 personas compartiendo un único baño, durmiendo cama con cama y en condiciones higiénicas muy limitadas. Tampoco disponen de conexión a internet para comunicarse con sus familiares, un servicio básico cuando el pasado reciente se traduce en varios días de travesía en el océano sin espacio para moverse, sin comida y con el agua limitada, en el mejor de los casos.

La portavoz de la organización, Helena Maleno, asegura que se han documentado expulsiones de los centros de mujeres embarazadas, lo que supone un "peligro para la integridad física y emocional tanto de ellas como de sus bebés" ante el estrés que implica no tener un lugar al que acudir.

Maleno cita el caso de B.C., un guineano llegado a uno de los centros de acogida de Cruz Roja en Tenerife, que el lunes se puso en contacto con la organización para denunciar su salida del mismo "sin alternativa de residencia y sin posibilidad de salir de la isla" después de haber estado "al borde de la muerte apenas unos meses antes, tras ver como muchos de sus compañeros morían en el mar".

Otro de los casos que citan se remonta al mes de junio cuando una mujer que aseguraba estar embarazada "fue expulsada de un centro en Tenerife sin tener un lugar donde poder pasar la noche", lo que produjo entre sus compañeros "verdaderos episodios de histeria colectiva ante el desentendimiento del personal del centro".

"Debe haber un cambio de paradigma en el sistema de acogida de las Islas", insiste la portavoz de la ONG que reclama a las autoridades competentes medidas que mitiguen esta "terrible situación" para asegurar así un "trato adecuado" a personas que "están en una situación muy vulnerable". Exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que asuman su responsabilidad con estas personas, al tiempo que reclama a que se permitan los traslados a la Península a la vista de que el sistema de acogida canario ya "no pueda asumir la carga de todas la personas migrantes".