Cuando el fuego y el humo se disiparon, el incendio de Garafíadestapó un problema que afecta de forma especial a este municipio del norte de La Palma: la proliferación de infraviviendas irregulares de todo tipo. Esta actividad humana en zonas que, en algunos casos, son de especial protección medioambiental, no solo contraviene las normas urbanísticas, sino que supone un riesgo para la propia naturaleza. Las construcciones ilegales de las comunas de Buracas, Hoya Grande y Catelas, en Garafía, han sido precisamente las principales víctimas del incendio forestal que durante el pasado fin de semana afectó a esta zona del norte de La Palma. La desaparición de parte de la cubierta vegetal, principalmente en el pago garafiano de Buracas, dejó al descubierto estos asentamientos.
Cuevas, carpas, casetas, furgonetas, remolques e incluso una guagua fueron pasto de las llamas o se salvaron por poco. Ya no solo son residencias, sino una atracción turística para quienes ven en estas fórmulas habitacionales un modo de vida, dándoles un uso lucrativo. En su mayoría, son construcciones hechas a partir de cuevas hasta configurar un espacio de chabolas, casetas y espacios habitacionales que fueron pasto del fuego. Allí hubo que actuar también de día y de noche con los medios aéreos y terrestres. El desconocimiento por parte de los medios de extinción de las circunstancias en las que se encontraba el lugar -estos asentamientos no figuran en los mapas al estar al margen de la ordenación urbanística- generó además momentos de tensión y peligro para estos profesionales. Fue incluso necesaria la evacuación de efectivos que actuaban durante la noche como consecuencia de las explosiones generadas por bombonas de butano.
En Cueva de Agua la opción preferida es la utilización de caravanas ubicadas en parcelas rústicas, orillando la legalidad. Tampoco había información de dónde se encontraban y apenas se les podía ver al encontrarse en pleno monte. Juristas especializados en la ordenación del territorio ponen de relieve que los propietarios de estas edificaciones no podrán optar a las ayudas que estipule el Gobierno de Canarias, ya que las cuevas, casetas, chabolas y mucho menos las guaguas son considerados como viviendas. Además, dudan de que sus moradores estén empadronados, ya que para realizar ese trámite administrativo tendrían que justificar la legalidad del lugar de residencia.
Los especialistas llaman la atención sobre que en un municipio de 2.000 habitantes como Garafía, su Ayuntamiento no tuviera constancia de las condiciones en las que habitaban estas personas. Debían saberlo. Tanto como que el control de estos asentamientos es fundamental para preservar el medio ambiente y no crear una situación de agravio comparativo con respecto a los que sí cumplen con la ley. En relación a la normativa para este tipo de espacios, la ley impide en el suelo rústico la actividad residencial, que tiene que estar suscrita a unos criterios. Pero por ejemplo en Buracas hay casas sin licencias y fuera de los espacios habilitados para el uso residencial, lo que pone se relieve que se ha tolerado el incumplimiento de las regulaciones madioambientales y urbanísticas.
Destrucción de restos
Lo cierto es que en esa zona de Garafía hay constancia de la existencia de una comuna que incluso llegó a ocupar las cuevas del Parque Arqueológico de Buracas, uno de los más importantes de la Isla, provocando la desaparición de importantes restos de los antiguos pobladores de La Palma, protegidos por ley. Además, ocupan otras cuevas ubicadas todas en un terreno de propiedad pública. Estas cuevas se anuncian en diversas webs como comuna hippie. Se trata de un colectivo de entre 150 y 200 personas que residen en Buracas, Hoya Grande o Catela durante todo el año, llegando a multiplicarse en periodos estivales con la llegada de muchas más personas de diversa procedencia, amantes de esta vida alternativa.
El Ayuntamiento de Garafía no puede aludir al desconocimiento de esta situación ya que, como medida de precaución contra los incendios forestales, realizó en años pasados campañas de información a los habitantes de estas comunas. Para ello, la administración local contrató a una ingeniera forestal que trasladó a estos vecinos los riesgos reales que corren si no se adoptan conductas de seguridad y se evitan prácticas peligrosas.
El Ayuntamiento de Garafía, con el apoyo de técnicos de Bomberos y del Cabildo, cuenta con un balance de viviendas legales afectadas por el fuego: tres casas calcinadas y otras 15 afectadas. Estas cifras podrían aumentar ya que por el momento hay casas que no se han podido visitar por seguridad o porque no es posible el acceso a las mismas. Para todas estas personas que sufren pérdidas materiales, el Gobierno de Canarias anunció la instrumentación de medidas y ayudas que permitan paliar los daños.
