Orden de alejamiento para Renuka y dos matones de su víctima

Los individuos a los que también se impone la medida cautelar son José Rafael G.G. y Andrés M.B.C. Este es un nuevo episodio del suceso ocurrido el pasado 21 de noviembre en una sala de la mencionada institución de Santa Cruz de Tenerife. El inversor reclama a la empresa Satyani de Inversiones una deuda de 1.140.000 euros por diversos servicios. Y la citada mujer concertó una cita con el denunciante, que acudió con un abogado, supuestamente con el objetivo de hablar sobre ese asunto. Cuando el afectado y su letrado esperaban en un espacio cedido para la ocasión, en el edificio entraron, en dos grupos, Renuka, su padre ( Tony ) y tres matones. Mientras Tony esperó en el hall, según la parte denunciante, el abogado fue sacado de la sala por uno de los individuos, mientras que presuntamente Renuka cerró las cortinas y se refirió a los matones como sus "abogados" . Uno de los varones corpulentos presuntamente golpeó y amenazó al inversor para que retirara la denuncia. La Policía Nacional investigó el asunto. Renuka, de 38 años, fue arrestada en los primeros días de diciembre, mientras que en enero se detuvo a los tres hombres implicados.

El 13 de abril, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife decidió no adoptar medidas cautelares personales contra los acusados. Sin embargo, el abogado del inversor, José Manuel Niederleytner, presentó un recurso de apelación. Y el fiscal se adhirió a los planteamientos de la parte recurrente. Entre los razonamientos jurídicos esgrimidos por la Sección II, se recuerda que el alejamiento y la incomunicación es una medida cautelar y temporal, que no perjudica, en modo alguno, los hechos objeto de la instrucción, "por lo que queda salvaguardado el derecho a la presunción de inocencia". Los magistrados estiman que, en la ponderación de los diferentes derechos, "resulta prioritaria la seguridad de la víctima".

Durante la instrucción, Renuka y los tres presuntos matones se han acogido a su derecho a no declarar, ante el juez, el fiscal, la acusación o sus propios abogados. Por ese motivo, la autoridad judicial desconoce, por ahora, el motivo por el que ellos acudieron a la reunión, ya que, en principio, no eran parte interesada en el asunto de la reclamación de dinero. Consideran los magistrados de la Sección II que "el mero transcurso del tiempo relativiza la situación de peligro, pero no la elimina", si se tiene en cuenta la gravedad de los hechos denunciados.

Además, resaltan en el auto que la prohibición de acercamiento y comunicación con el inversor agredido y amenazado "no constituye una limitación grave en los derechos de las personas afectadas, ya que no existe razón alguna por la que tengan que mantener comunicación y proximidad con el mismo".

Esta resolución llega en un momento en que están próximos los procedimientos civiles por los que presuntamente agredieron al empresario en el Casino, con el objetivo de que este retirara la demanda que había interpuesto contra Renuka y Tony Satyani.

Sin embargo, lejos de retirar la demanda, el empresario ha continuado con los procedimientos civiles, y ahora será un juez de la Jurisdicción Civil el que deberá dictaminar sobre la deuda reclamada a los Satyani, y por la que se produjo presuntamente la agresión a través de tres matones contratados supuestamente por los Satyani, según la versión que sostiene la parte denunciante.

La deuda que le reclama la víctima por trabajos de intermediación inmobiliaria sobrepasaba el millón de euros (1.140.000 euros, de forma concreta). Tras las amenazas y la agresión, el afectado presentó en su denuncia el parte médico de lesiones, que se incorporó al procedimiento. La gestiones del letrado Niederleytner han permitido que Renuka y dos de los hombres corpulentos no puedan acercarse a la víctima, ni al domicilio donde vive con su familia ni a su lugar de trabajo. Ahora pedirá que el tercer presunto matón también tenga orden de alejamiento e incomunicación.