Un pirata informático secuestró el lunes la red interna del Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia) y ha exigido el pago de un rescate en bitcoins para liberar la información que contiene, relativa a la gestión cotidiana del consistorio. El ataque del «hacker» impidió que los funcionarios pudieran trabajar este lunes con normalidad al no tener acceso a los ordenadores. Una unidad de la Guardia Civil especializada en delitos informáticos asumió la investigación mientras los técnicos del ayuntamiento trataban de restaurar el sistema con las copias de seguridad que se realizan de forma periódica, un proceso que completaron a primera hora de la tarde, según confirmó a Levante-EMV el alcalde de Carcaixent, Paco Salom.
«Nos han encriptado una parte importante de la última información, no toda, así como alguno de los servidores, y nos pedían que contactáramos con ellos a través de unas direcciones de correo», explicó el munícipe. El ayuntamiento también recabó la colaboración del servicio de ciberseguridad de la Generalitat Valenciana.
El ataque informático se manifestó el lunes por la tarde, cuando una concejal del equipo de gobierno abrió el ordenador y le apareció un mensaje que no supo interpretar e ignoró, y fue a primera hora de la mañana de este lunes cuando el departamento de informática confirmó que un «hacker» había secuestrado buena parte de la información que hay en la red municipal y había facilitado unas direcciones de correo a través de las cuales se podía entablar contacto para liberarla mediante el pago de un rescate.
El ayuntamiento puso rápidamente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que activó la investigación a través de una unidad especializada tras recabar una serie de datos del propio ayuntamiento.
"Pensamos que sería un virus"
Salom detalló que el mensaje inicial que apareció en el ordenador de la concejal contenía el importe en bitcoins que reclamaba el «hacker» aunque, al no interpretar que se trataba de un ataque informático, lo cerró sin prestarle mayor atención y la pantalla del ordenador quedó congelada en color azul. La edil se incorporó a la reunión por videoconferencia con otros miembros del gobierno y comentó lo que le acababa de suceder. «Pensamos que sería un virus, pero esta mañana -por ayer- el informático nos ha dicho que teníamos un problema grave», relató el alcalde.
El Ayuntamiento de Carcaixent comunicó por las redes sociales que debido a «problemas informáticos graves» no se prestaría atención presencial ni este lunes ni este martes. Salom comentó que los ordenadores de los funcionarios no arrancaban por la mañana y que los informáticos habían optado por apagar todos los servidores para reiniciarlos poco a poco y testear cuáles estaban afectados por el ataque informático y cuales estaban limpios y, al mismo tiempo, recuperar la información disponible en las copias de seguridad para intentar recuperar a la normalidad. Este proceso provocó un «apagón» general del sistema informático que impidió trabajar durante la mañana de este lunes, si bien poco después de las 15 horas los técnicos habían logrado restaurar el sistema.
El alcalde indicó que los expertos están intentando localizar cómo se ha producido el ataque informático a la red municipal. «Han conseguido entrar, pero no sabemos si han podido saltar la barrera de protección o ha sido a través de un correo electrónico con una apariencia de normalidad que cuando la persona que lo abre lo acaba de entender ya ha hecho tarde. Están intentando localizar el qué y por dónde», explicó Salom.
Algemesí aún lamenta la estafa cibernética de 135.000 €
La delincuencia cibernética mantiene en alerta a decenas de ayuntamientos desde que se descubrió la multimillonaria estafa sufrida por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia y a raíz del duro revés sufrido recientemente por el Ayuntamiento de Algemesí, estafado por especialistas informáticos que lograron apropiarse de 135.400 euros al hacerse pasar por representantes de la empresa encargada del servicio de limpieza viaria, Tetma.
Las autoridades de Algemesí han conseguido que un juzgado acuerde finalmente el embargo cautelar de la falsa cuenta a la que se transfirió el dinero. El objetivo es recuperar al menos una parte sustantiva del dinero. La jueza ya ha reclamado a la entidad bancaria que certifique la existencia de personas autorizadas y usuarios de canales de banca electrónica relacionados con la cuenta, así como la oficina concreta en la que ésta se abrió.
El envío del dinero a una cuenta corriente fraudulenta se registró el pasado 23 de abril, en pleno confinamiento por la expansión de la pandemia provocada por el coronavirus, aunque los funcionarios no advirtieron el fraude hasta principios de agosto, cuando la verdadera adjudicataria del servicio de limpieza advirtió al ayuntamiento de que tenía una factura pendiente de cobro. El departamento de Intervención no tardó en comprobar que se había abonado, aunque muy lejos de donde se pretendía. Las estafas han levantado también una intensa controversia institucional. La oposición, sea cual sea, exige responsabilidades políticas.
