La Policía Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han realizado una macrooperación contra el blanqueo de dinero de la mafia rusa en la que han sido detenidas al menos 23 personas en Altea, Alicante, Finestrat, Ibiza, Madrid y Valencia. Uno de los arrestados es el presunto hacker ucraniano que ya fue apresado en 2018 en la playa de San Juan como cerebro de una banda de ciberladrones que robó más de mil millones de dólares a bancos de cuarenta países. También figuran entre los arrestados empresarios de origen ruso y un conocido abogado que también está al frente de una inmobiliaria de Altea y en cuyo domicilio la Policía intervino gran cantidad de armas. En los registros domiciliarios los agentes intervinieron unos 300.000 euros en efectivo y numerosos coches, entre otros efectos.
La bautizada como operación Testudo, supervisada por el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, se realizó el pasado lunes y entre los detenidos por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada también figuran tres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido investigados por delitos contra la Administración pública: un inspector de la Policía Nacional de Alicante y dos guardias civiles, uno de ellos el teniente jefe del Puesto Principal de Altea.
La detención del inspector fue realizada por Asuntos Internos y las diligencias son diferentes a las abiertas por el blanqueo. De hecho, fuentes próximas al caso han asegurado a este diario que la implicación del inspector de Policía arrestado es "liviana" y ajena al blanqueo. Estaría relacionada con algún contacto mantenido con el abogado ruso detenido por trámites en Extranjería. Tras prestar declaración quedó en libertad el mismo lunes por la mañana.
La detención del teniente de la Guardia Civil, acusado de revelación de secretos, también ha causado sorpresa entre compañeros del Instituto Armado. Tras prestar declaración en dependencias policiales quedó en libertad el pasado lunes, igual que el otro guardia civil, al parecer destinado en Benidorm.
La Policía movilizó a decenas de agentes de diferentes grupos de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, así como del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), para realizar los registros domiciliarios de forma simultánea a primera hora de la mañana del lunes. La mayor parte de los registros se llevaron a cabo en la Marina Baixa, en Finestrat y sobre todo en Altea.
En Alicante la Policía detuvo al considerado como uno de los mayores ciberladrones del mundo. Continuaba residiendo con su familia en la misma vivienda donde ya fue detenido en 2018 y se encontraba en libertad provisional, sin haber sido extraditado a ninguno de los países que le seguían la pista por los robos millonarios en cajeros automáticos.
Cuando fue detenido en 2018, la Policía aseguró que este detenido acumuló en sus cuentas 15.000 bitcoins, más de 200 millones de euros al cambio actual. Según la Policía, estos ciberdelincuentes infectaban con un software malicioso los sistemas informáticos de entidades bancarias, principalmente rusas, pero también de Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Ucrania y Taiwan. El objetivo era tomar el control de los sistemas críticos de los bancos para vaciar cajeros de forma remota, alterar saldos o realizar transferencias.
Además de casi una veintena de arrestos efectuados en la Costa Blanca, la Policía también ha detenido a dos personas en Ibiza, dos en Madrid y dos en Valencia, ciudades en las que también se han practicado registros. En la provincia de Tarragona también se llevó a cabo un registro, pero no se detuvo a nadie.
Además de los agentes desplegados, la operación fue supervisada en directo por dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desplazados desde Madrid.
En Altea, donde se llevó a cabo el grueso de los registros, los investigadores realizaron el lunes una inspección durante más de siete horas en una sucursal bancaria para registrar cajas de seguridad de los implicados. Los agentes regresaron ayer de nuevo a dicha oficina para continuar el registro. La mayor parte de los arrestados han ido quedando en libertad tras declarar en dependencias policiales y hoy pasarán a disposición judicial los implicados de mayor importancia.
Planeaban controlar sectores clave de la economía española
La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.
La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española. Así mismo hacían uso de las ingentes cantidades económicas que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.
Concretamente, los investigadores detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen. En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.
Estas organizaciones, cuyas actividades delictivas incluyen el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU. Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los Ladrones en Ley como con los Sindicatos del Crimen rusos.
Blanqueo y pluralidad de delitos conexos
A lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar cómo la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que estaba profundamente enraizada en la sociedad española. Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos.
Los investigados habían desplegado una potente red clientelar dentro de la Administración española, logrando una perfecta infiltración en las instituciones de nuestro país para llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias, tanto para facilitar sus operaciones de blanqueo sorteando obstáculos legales y logrando una serie de favores administrativos, como para protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada. Para ello, uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas para beneficio de la red criminal.
Debido a su capacidad de infiltración, la organización había conseguido introducirse en diversas instituciones públicas. Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias. El alto grado de enraizamiento en las Instituciones del estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones.
Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar cómo los líderes criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas, barcos, así como desarrollando y proyectando la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de estas organizaciones criminales de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las islas baleares.
18 entradas y registros
El pasado lunes, por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada con la autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, se llevó a cabo la explotación operativa. Se contó con la presencia de EUROPOL, quien desplazó agentes a España así como una Oficina móvil para dar soporte a la operación. Los agentes llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, consiguiendo arrestar a 23 miembros, entre ellos a los máximos responsables de la organización.
En los registros se intervinieron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres. Además se intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo, y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros. Los agentes estiman que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.
