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Prescribe un crimen

Los asesinos de un guardia civil en Madrid quedan impunes 20 años después

Dos de los cuatro agresores han admitido ante la policía que participaron en la pelea en la que Juan Carlos Sanz fue asesinado el 3 de febrero de 2001

A la izquierda, el guardia civil Juan Carlos Sanz, asesinado en Madrid en 2001. EL PERIÓDICO

Si un asesino logra esconderse durante 20 años, su crimen quedará impune. Así lo han conseguido, desde este martes, quienes mataron a Juan Carlos Sanz Cancelas, un guardia civil de 25 años destinado en San Sebastián. La madrugada del 3 de febrero de 2001, tras haber estado en un pub del barrio de Carabanchel (Madrid) junto a otro agente, le acuchillaron en el cuello y le dispararon en la cabeza, a quemarropa después de una discusión. Su compañero recibió dos puñaladas. Los cuatro agresores huyeron en un todoterreno sin dejar rastro. El caso fue investigado por la Guardia Civil y la Policía Nacional durante años, sin resultado.

Todo cambió en febrero de 2019. Un hombre explicó a los investigadores de la UDEV Central de la Policía que quería contarles lo que sabía de un viejo asesinato en el barrio de Carabanchel. Se convirtió en testigo protegido. Y los agentes retomaron el caso con la amenaza de la prescripción, un asesinato sin resolver caduca, prescribe en España cuando pasan veinte años sin noticias, sin nuevas investigaciones judiciales.

Le quitaron la pistola

Durante este último año, los policías continuaron investigando y finalmente informaron a la familia del guardia civil asesinado, como recuerda a El Periódico de Catalunya, Óscar Sanz, el hermano de la víctima. Así, le contaron que habían conseguido localizar a los cuatro implicados en la pelea (uno de ellos falleció en el año 2009). Y consiguieron que dos de ellos, dos veteranos delincuentes de barrio, les confesaran que participaron en el incidente mortal. Uno, que también se convirtió en testigo protegido, declaró que estuvo presente en la pelea y que su amigo fue quien quitó la pistola al guardia civil y le mató. Las investigaciones han llevado incluso a localizar el todoterreno, un Nissan Patrol, en el que los participantes en la pelea y el crimen huyeron del lugar.

Con todos los datos obtenidos, los investigadores entregaron varios informes al juez encargado de la operación Olea, el titular del juzgado número 6 de Madrid. Consideraban que tenían indicios suficientes para reabrir la causa y acusar a tres personas de participar en el crimen del guardia civil. Pero el tiempo corría en su contra, también en contra de la familia de la víctima. El pasado 26 de enero, el juez rechazó la petición de la policía para reabrir la causa y citar a los presuntos agresores. Óscar Sanz, el hermano de la víctima, explica que "si pasado mañana los asesinos se presentan en un juzgado y cuentan cómo mataron a mi hermano, al rato salen libres por la puerta principal".

Casi dos meses antes, en diciembre, otro de los implicados en el crimen fue citado en una comisaría. Antes de ser asistido por su abogado, habló de forma espontánea con los policías, según confirmaron a El Periódico de Catalunya fuentes de la familia de la víctima. El veterano delincuente se desahogó, aunque con matices, como recuerda el hermano del guardia civil: "Dijo que esperaría a que le llamara el juez para contarle todo lo que sabe de la muerte de mi hermano. Que estaba muy arrepentido y que no podía dormir ni descansar tranquilo". Pero, de momento, el juez ha decidido no escuchar lo que tiene que contarle.

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