Una investigación policial salpica por irregularidades a 16 directivos y profesores, así como a 22 alumnos, de autoescuelas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La Guardia Civil saca a la luz tras más de dos años de seguimiento un fraude en el que se ven implicados 21 centros formativos, por expedir certificados a estudiantes que habían superado sin cumplir con todos los requisitos legales el curso de formación para obtener el permiso de conducción de la clase ‘A’, esto es, de motocicletas.

“El delito de falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación tipificado en el artículo 390 del CP (Código Penal), cuando es cometido por particulares, tiene prevista la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a 12 meses”. Las personas implicadas en estas prácticas se enfrentan a penas que les pueden llevar a la cárcel, tal y como están recogidas en el artículo 392 del Código Penal. La Guardia Civil considera a estas personas supuestos autores del delito de falsedad de documentos oficiales y de certificados, después de llamarlos a declarar.

La investigación de la denominada Operación Pellas por fraudes en los cursos para la obtención de los permisos de conducción comenzó a mediados del año 2018, al llegarle a la Guardia Civil información que alertaba de que un buen número de alumnos matriculados en algunas autoescuelas para realizar el curso progresivo para la obtención del permiso de conducción de la clase ‘A’, el cual habilita a conducir motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos sin límite de potencia, obtenían el carné sin realizar, o bien completar, las actividades formativas. De esta forma, los centros expedían el certificado de aptitud de forma fraudulenta. Como se recordará, el permiso ‘A’ permite conducir cualquier vehículo incluido en A, A2, A1 y AM.

Los agentes iniciaron un seguimiento del desarrollo de los cursos programados por las distintas autoescuelas en las tres islas de la provincia, recopilando datos de asistencia de los alumnos matriculados y documentación gráfica de la actividad desarrollada.

El análisis de esta información reveló que, en numerosas ocasiones, los alumnos ahora implicados en la investigación no acudían ni siquiera al centro de aprendizaje o lo hacían durante un tiempo inferior al programado para superar el proceso formativo.

Del mismo modo, los funcionarios que han estado detrás de esta confabulación comprobaron que “las prácticas de destreza en circuito cerrado o el manejo de motocicletas en vías abiertas al tráfico en general, no se realizaban o se llevaban a cabo de forma muy superficial, y sin ajustarse al programa establecido”, como consta en los vídeos que se han aportado a la causa para que sean analizados por los jueces durante el proceso que se abra.

Puntos negros de la seguridad

La investigación se puso en marcha en el año 2018, al poner tráfico en el foco de sus averiguaciones en los motociclistas, al detectarse en los últimos años que el índice de siniestros viales de motocicletas con resultado grave se ha venido incrementando, tanto en valores absolutos como en proporción al total de siniestros, tal y como constata el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para este aumento “no se puede descartar la falta conocimientos, mentalización y destreza en el manejo de los vehículos de dos ruedas por parte de los conductores implicados”.

Esta investigación se suma a otras actuaciones paralelas para tratar de reducir esa siniestralidad entre los motoristas en Canarias, que han venido alcanzado en los últimos años cifras muy preocupantes a tenor de las estadísticas.

El año pasado perdieron la vida seis motoristas en Canarias, según la Dirección General de Tráfico, lo que supone en cualquier caso 11 menos que en el año anterior, debido en gran parte a una reducción de la movilidad durante las restricciones por la pandemia.

Otra de las medidas para reducir esta mortalidad es la colocación de carteles informativos en las carreteras de alta siniestralidad, para aumentar la sensibilidad de los pilotos. Para ello, se van a poner en Gran Canaria 10 paneles, y 20 en Tenerife.

Mercancías peligrosas



La investigación desarrollada en los últimos dos años para destapar casos de fraude en los cursos para motociclistas dio un fruto inesperado. Los funcionarios han descubierto a una autoescuela en Fuerteventura que supuestamente expedía certificados con los que se debería acreditar a los estudiantes que están preparados para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas, sin cumplir los requisitos legales. En este caso, la Guardia Civil ha investigado al propietario y a la directora del centro. La empresa, según la Guardia Civil, “venía impartiendo desde el año 2017 cursos para obtener el certificado que habilita para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas mediante personal docente no titulado, expidiendo las certificaciones bajo el nombre y la firma de profesores sí titulados, pero que no pertenecían al centro, suplantando su identidad. Se detectaron un total de 14 certificados expedidos en estas circunstancias sin conocimiento de los afectados, que podrían ver revocada la autorización obtenida. El titular y la directora de la autoescuela fueron investigados por estos hechos y esa parte de la investigación recayó en los Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario”, en Fuerteventura. | J. B.