Los sindicatos Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios (APTP) y Comisiones Obreras denuncian la “brutal agresión” sufrida por dos funcionarios de la cárcel Las Palmas II (Juan Grande), en San Bartolomé de Tirajana por parte de un recluso. Critican que dos personas vigilen a 95 internos problemáticos en un módulo y advierten de que es el segundo incidente grave en las últimas dos semanas.
Los hechos, según su relato, sucedieron en un módulo en el que se alojan muchos internos conflictivos y reincidentes. El recluso se hizo con una palo de escoba y, tras partirlo en dos, lo utilizó en forma de pincho para agredir a los funcionarios. A uno de ellos le produjo una fractura en la nariz, tras recibir el funcionario sin esperarlo un cabezazo mientras formaban para el recuento antes de la cena.
El reo se refugió en el patio tras el topetazo. Allí, varios internos formaron un plante cuando los funcionarios se disponían a sacar al agresor del patio para aislarlo. Al llegar a él, el interno se abalanzó contra un segundo funcionario intentando clavarle el palo de la escoba que previamente había roto en forma de pincho, “causándole numerosos golpes y rasguños por todo el cuerpo, según la Asociación, que relata que el personal logró aislar al agresor “gracias a la profesionalidad y el saber hacer de los funcionarios, necesitándose un gran número de estos para controlar la situación, tanto con el agresor como con el resto de la población reclusa de dicho módulo”.
Abandonados
Las dos organizaciones recriminan ayer que en este módulo de reincidentes y de perfil muy conflictivo “solo prestan servicio dos funcionarios para 95 internos”.
La Asociación recuerda que es el segundo incidente grave en 15 días dentro de esa misma unidad, ya que con anterioridad vivieron otra agresión a un médico en el módulo colindante.
Por ello, denuncian “el abandono al que estamos sometidos y la falta de medios humanos y materiales junto con la inseguridad que sufrimos, además del deterioro del servicio público esencial para la ejecución de las penas privativas de libertad”.
En esta línea, Comisiones remarca que Instituciones Penitenciarias “carece de un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufre el personal penitenciario”.
