El príncipe Jürgen Ludwig Hohenlohe y su pareja Beatriz D. se sientan en la mañana de este lunes en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial acusados de los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Un total de 29 afectados ejercen la acusación particular y piden para ellos ocho años de prisión. En cambio, el fiscal no ha formulado acusación alguna contra ellos.

Una investigación de la Policía Nacional determinó que la pareja habría cometido un presunto fraude de unos ocho millones de euros a casi doscientos afectados. Pese a que la instrucción del sumario concluyó en 2015, la causa se ha demorado al pedir el principal acusado la traducción de los 25 tomos del sumario al alemán, su idioma nativo.

La presunta estafa culminó en 2012, cuando la Policía detuvo a la pareja. Ambos ejercían el asesoramiento financiero. Su 'modus operandi' consistía en poner en contacto a su clientes con personas o sociedades con aparente liquidez. A la mayoría de sus usuarios las entidades bancarias les habían denegado préstamos y conseguían de esta forma la financiación. La pareja percibía una abultada comisión, al tiempo que garantizaban la obtención de intereses por encima del precio de mercado.

Así, sus ofertas garantizaban una supuesta rentabilidad del 18'%. No obstante, el dinero invertido por los usuarios se volatilizó. A partir de 2010, la supuesta cartera que gestionaba dejó de pagar. Ni siquiera los elevados intereses prometidos. No obstante, el fiscal retiró la acusación al considerar que la pareja se hubiera quedado con el dinero de los inversores. Muchos de los afectados han perdido todo el dinero que habían invertido.

Durante la primera sesión del juicio, señalado para toda la semana, han planteado como cuestión previa la prescripción del caso. Mientras algunos de los afectados han desestimado la vía penal y se han decantado por emprender acciones civiles contra la pareja.

Al comenzar su alocución, el príncipe de Hohenlohe ha solicitado que fuera excusado de estar presentes en el resto de sesiones alegando motivos de salud. Para ello ha aportado al tribunal un certificado médico. También ha hecho hincapié en que padece dislexia y sufre un retraso de un minuto en la comprensión de lo que se le plantea y que, por tanto, necesita medicación. La presidenta del tribunal le ha autorizado a ausentarse a cambio de renunciar expresamente a su derecho a estar presente en la Sala. Aunque le ha recordado la obligación de asistir durante las conclusiones, informes y el derecho a la última palabra.