La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión provisional de los principales detenidos en la operación Azud realizada por los agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil en València, Alicante, Tomelloso, Madrid e Ibiza. A esta privación de libertad se enfrentan el exvicealcalde de València, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el abogado y jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, Jose Luis Vera. Tras esta petición del Ministerio Público, es la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València la que debe decidir el futuro de los investigado que han comparecido este sábado ante la magistrada y el Fiscal Anticorrupción por su presunta relación con la trama de mordidas urbanísticas en la ciudad de València y varios municipios de la Comunitat Valenciana.
En esta causa se investigan operaciones inmobiliarias ventajosas realizadas entre los años 2005 y 2010 tanto en Valencia como en otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, de las que se habría beneficiado el constructor valenciano Jaime María Febrer a través de su empresa matriz, Construcciones Valencia Constitución (CVC), y de otras mercantiles vinculadas a él tras haber corrompido supuestamente a políticos del PP y del PSPV-PSOE y funcionarios con mordidas en metálico y regalos de todo tipo.
Entre esos políticos se encontrarían Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberà, y Rafael Rubio, hasta este jueves subdelegado del Gobierno en Valencia y que habría recibido dinero de esta trama corrupta mientras fue concejal de Valencia y líder de la oposición municipal. Los investigadores consideran acreditado que habrían recibido alrededor de un millón de euros el primero y 300.000 € el segundo, según ha publicado Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.
