Según la Dirección General de Tráfico (DGT), avisar sobre la ubicación exacta de un radar fijo es completamente legal, puesto que se trata de una información pública y que la propia DGT difunde a través de su página web. El año pasado, , los radares de la DGT distribuidos por España emitieron un total de 2.460.056 multas por exceso de velocidad, según un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Unas cifras que, a pesar del confinamiento vivido por la pandemia, supuso un aumento del 17,46% respecto al año anterior. Pese a la bajada en el número de viajes por la reducción de los desplazamientos como medida preventiva, las sanciones por incumplir las normas de circulación no han disminuido.

Entre los 50 radares que más multan se encuentran dos en territorio canario, que entre los dos suman un total de 26.686 sanciones de tráfico. El primero de ellos está en Gran Canaria, en el kilómetro 5 de la GC-1, a la altura del Centro Comercial El Mirador, a la entrada de la capital grancanaria que registró unas 14.145 multas en 2020. Un año más es el radar que más infracciones impone en Canarias. Por otro lado está el situado en el kilómetro 59 de la TF-1 que impuso unas 12.541 propuestas de multas.

Por comunidades autónomas, el nuevo informe de AEA destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 519.254 denuncias formuladas y que representan el 21% del total; en la Comunidad Valenciana, con 317.381 denuncias (12,9%) y en la Comunidad de Madrid, con 284.281 (11,5%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (29.107), Navarra (41.751) y Cantabria (44.138) son los que menos denuncias contabilizaron.

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Radar frente al Centro Comercial El Mirador La Provincia

Los radares de la Dirección General de Tráfico tuvieron en 2020 mucho menos trabajo que en los años anteriores. Los confinamientos y las cuarentenas para contener el avance del coronavirus han reducido los desplazamientos por carretera a mínimos históricos, y Canarias no ha sido una excepción. Los aparatos distribuidos a lo largo y ancho de la red viaria regional cazaron en el Año I de la pandemia a 32.157 conductores menos que en 2019. Muchas menos denuncias que se traducen en menos recaudación para la DGT. Los ingresos públicos por las multas a los conductores isleños, aún a falta de datos definitivos, se aminoraron en 2020 en unos cuatro millones de euros.

Los datos suministrados por el organismo dependiente del Ministerio del Interior muestran que las denuncias por radares de tráfico sumaron el año pasado en el Archipiélago un total de, exactamente, 53.523.

En 2019, sin ir más lejos, llegaron a 85.680. Así pues, la pandemia mundial ha reducido un 37,5% las denuncias a conductores cazados por radares en la Comunidad Autónoma. Es la mayor caída interanual registrada hasta la fecha, si bien no es atribuible a una mayor responsabilidad al volante, sino a las restricciones de la movilidad por la Covid-19.

La mayor parte de las denuncias por radares se convierte en multas, y las multas, en ingresos para la Dirección General de Tráfico. A más sanciones económicas, claro, mayor recaudación. En consecuencia, el último año no fue precisamente bueno para la DGT desde el punto de vista recaudatorio. El organismo dirigido por Pere Navarro ingresa cada ejercicio una media de casi 16,8 millones de euros por las multas a los conductores canarios.

Una red de 78 ‘cazadores’ en las carreteras canarias

La Dirección General de Tráfico tiene repartidos en las carreteras de la región un total de 78 radares, entre fijos, móviles y de tramo. En igual cantidad en ambas provincias: 39 en la provincia de Las Palmas y otros 39 en la de Santa Cruz de Tenerife. Por islas, y según la información recopilada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los 78 cazadores de la DGT se distribuyen de la siguiente manera: 14 en Fuerteventura, 17 en Gran Canaria, ocho en Lanzarote, cuatro en La Palma y 35 en Tenerife, que es con diferencia la isla con mayor número de cinemómetros en sus carreteras. En 2019, el último año prepandemia, la DGT recaudó por multas un total de 374,3 millones de euros, de los que alrededor de un 4,3% corresponde a las sanciones impuestas a los conductores del Archipiélago, entre 16 y 17 millones. El ejercicio en que más ingresos ha arañado en la Comunidad Autónoma el organismo dependiente del Ministerio del Interior fue el de 2013, cuando la recaudación superó los 22,5 millones de euros. La suma ya se había reducido en los últimos años y lo hizo aún más en 2020 por las restricciones de la movilidad.