Nacho Vidal vuelve a tener problemas con la justicia. Si hace unas semanas se descubría que un informe toxicológico podría exculparlo del caso del envenenamiento por veneno de sapo, ahora está en medio de una trama de fraude fiscal. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el empresario chino Gao Pingy otras 102 personas, entra las que está incluido el actor porno, por la «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.

Entramado

El jefe del entramado habría desarrollado a través de una macroorganización criminal en el llamado caso Emperador. Además, el magistrado ha impuesto a los principales investigados fianzas que superan los 103 millones de euros.

Los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado detalla delitos de organización criminal, cohecho, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.

Fianza y cárcel

El magistrado reclama a Vidal una fianza de más de 66 millones de euros, cantidad similar a la que ha exigido a la mayoría de los investigados, siendo la más pequeña de 7.680 euros. Solo ha eximido a unos pocos de este pago.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Gao Ping 47 años y tres meses de cárcel para y una multa de 77,5 millones de euros, mientras que para Nacho Vidal interesó 11 años de prisión y el pago de más de 50 millones de euros de multa.

Acusados

Además del presunto cabecilla y del actor porno, el Ministerio Público formuló acusación contra otras 105 personas, si bien Calama ha enviado a juicio a 103, indicando que contra cuatro de los señalados por Fiscalía no es posible proceder porque nunca han sido citados como imputados a lo largo de las pesquisas –Dengfeng Peng, Shanshan Gao, Salvador Yeshua Harari y Roie David Yonatan–.

En el auto de procesamiento dictado el pasado mes de marzo, el instructor reflejó «indicios racionales para considerar que los encausadosforman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional encabezada por Ping Gao» y «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados».

Indicios

En el caso de Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang, el juez ha impuesto a cada uno el pago de fianzas por más de 103 millones de euros en concepto de multas y costas, a los que deberán hacer frente en el plazo de diez días. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros.

El único objetivo de la red de Gao Ping, apuntaba Calama, era «llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».

Entramado

Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.

Anticorrupción añadía en su escrito de acusación que el grupo habría recurrido a «la fuerza física o la violencia» para lograr sus objetivos. En este sentido, destacó que el propio Gao Ping sería el «responsable de impartir justicia«, ordenando acciones intimidatorias para que sus clientes pagasen los préstamos concedidos previamente.