El polémico pacto que ha librado de la cárcel a dos policías locales acusados de abusar a una chica en Estepona el pasado 2018 incluye evitar la "revictimización" de la joven. Así, la joven evitará revivir el abuso y que la sometan a un juicio mediático paralelo, aseguran fuentes del entorno de la víctima.

La acusación particular que ejerce la agredida se ha inclinado por alcanzar un acuerdo y así huir de una persecución mediática. Además, asegura que así evitará ser cuestionada como la víctima del caso de La Manada.

Lo sucedido no lo repara, pero "tampoco una condena de 30 años de cárcel y los rigores de un juicio o el interés mediático" que generaría un proceso con dos agentes sentados en el banquillo de los acusados, por lo que creen que "esta era la mejor condena para la víctima, aunque a la sociedad no le guste", han señalado las fuentes.

"Como ciudadanos podemos desear que estos individuos vayan 30 años a la cárcel, pero lo que debe primar —y lo que ha primado— a la hora de tomar la decisión es el bienestar" de una joven que ha sufrido mucho con todo lo que ha pasado y que se merece recuperar su vida, han recalcado.

Además, han hecho hincapié en que el pacto al que se ha llegado "busca lo mejor" para la joven y así evitar que tenga que pasar por "un duro y extenuante" proceso judicial que podría alargarse durante años.

El acuerdo no se limita a cambiar el ingreso en prisión de los dos policías por la realización de un curso de reeducación sexual, insisten las fuentes, que lamentan "la interpretación tan simplista" que se está realizando del asunto.

Junto al controvertido curso de reeducación sexual, los acusados "quedarán marcados de por vida como agresores sexuales en el fichero nacional de delincuentes sexuales". Asimismo, tienen prohibido acercarse a la víctima en años y no podrán trabajar con menores o adolescentes ni en la función pública.

La joven se encontraba de vacaciones con unos amigos en Estepona cuando se produjeron los abusos de los dos policías. Estos han sido condenados por la Audiencia de Málaga a dos años de prisión, que han evitado tras un acuerdo en el que tendrán que indemnizar a la víctima en 80.000 euros y asistir a un programa de reeducación sexual.