La fiesta ilegal celebrada en un chalet de Son Vida en plena alerta sanitaria y que se ha saldado con una multa de 60.000 euros para más de un centenar de asistentes congregó a jóvenes de la alta sociedad mallorquina. La relación de las 114 personas identificadas por la Policía Local de Palma aquella noche incluye apellidos ilustres del mundo de la empresa, la hostelería y la aristocracia de la isla.
Todos ellos se enfrentan a una multa ejemplar que suma 6,8 millones de euros por un incumplimiento muy grave de la normativa anticovid, tal como adelantó este martes Diario de Mallorca. Era agosto de 2021, cuando el aumento de los contagios y de la ocupación hospitalaria obligó al Govern a endurecer las restricciones al ocio nocturno y las reuniones sociales.
Según pudo saber ayer este periódico, algunos de los participantes sobre los que pesa una propuesta de sanción tan elevada han puesto el caso en manos de abogados para determinar si la cuantía impuesta obedece al principio de proporcionalidad. Algunos de ellos incluso se preguntan si la multa es constitucional, tanto por su cuantía como por las razones que la han motivado.
La propuesta de sanción está recogida en el decreto ley que aprobó el Govern en julio de 2020 y que establecía multas de hasta 600.000 euros por incumplir la normativa sanitaria anticovid. El decreto fue modificándose para adaptarse a las diferentes fases de la pandemia, y entre otras cosas regulaba los aforos en locales de ocio, fiestas privadas y la comercialización de alquileres vacacionales.
Sanciones del Govern
La propuesta y ejecución de estas sanciones dependen de la conselleria de Presidencia del Govern, por lo que quedan al margen de aquellas multas del primer Estado de alarma que acabaron siendo archivadas al cuestionar su validez el Tribunal Constitucional. En Balears decayeron cerca de 800 de aquellas sanciones, la mayoría de ellas por incumplimiento de las restricciones a la movilidad durante los meses del confinamiento.
La fiesta multitudinaria de Son Vida también motivó varias denuncias por parte de la conselleria de Turismo al constatar una serie de incumplimientos de la normativa contra la covid en una vivienda que se comercializaba como alquiler vacacional.
La madrugada del 21 de agosto de 2021 agentes de la Policía Local de Palma se personaron en el chalet alertados por las quejas de los vecinos, ya que la música sonaba a todo volumen. Identificaron a 114 personas, aunque el acta de la denuncia especifica que no pudieron recoger la filiación de todos los participantes porque algunos se encontraban en el interior del domicilio.
Recursos
Los afectados tienen ahora la opción de presentar alegaciones para tratar de eliminar o reducir la cuantía de las sanciones. Se trata de un proceso garantista que incluye un trámite de audiencia para que el interesado tenga conocimiento de toda la documentación que figura en el expediente. También se le ofrece la posibilidad de presentar un recurso administrativo y, en última instancia, puede acudir a la justicia ordinaria.
Aquel verano de 2021 Mallorca fue el escenario de numerosas fiestas y botellones ilegales en un momento en el que todos los locales de ocio nocturno, considerados potenciales focos de contagios, estaban cerrados.
No ha trascendido si la reunión multitudinaria de Son Vida derivó en un brote de infecciones, como sí suc
