Absueltos cinco estudiantes universitarios canarios por coacciones a dos profesores tras un examen

La Justicia considera que no hay pruebas de que durante el recorrido a la biblioteca impidieran el paso a los docentes o realizaran cualquier acción física con la intención de que no fotocopiaran la prueba de una compañera

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Imagen de archivo / Gorodenkoff Productions OU

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto cinco alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna (ULL) acusados de coaccionar a dos profesores de este departamento.

En concreto, el 10 de marzo de 2021 a las 18:30 horas los docentes estaban vigilando unos exámenes cuando al finalizar la primera parte y entregar una alumna el suyo se le informó de que lo iban a fotocopiar antes de meterlo en el sobre correspondiente.

Con posterioridad, la prueba iba a ser corregida por un tribunal especial, dado que la joven se encontraba en la quinta convocatoria de la asignatura.

La alumna mostró su desacuerdo e indicó que este procedimiento no estaba previsto legalmente; por ello, advirtió a otros compañeros de lo que había ocurrido y acto seguido llamaron al director de la Facultad, quien ratificó que no se podía fotocopiar un examen.

Al finalizar la segunda parte de la prueba y salir todos del aula, los dos profesores se encontraron con la alumna afectada y otros cuatro más, quienes comenzaron a increpar a los docentes que no se podía fotocopiar el examen y que estaban cometiendo un abuso de poder.

Los jóvenes siguieron a los docentes hasta la biblioteca, donde se quedaron en el exterior y finalmente optaron por marcharse cuando llegó un vigilante de seguridad que así se los ordenó.

Un Juzgado en primera instancia y ahora la Audiencia consideran que no hay pruebas de que durante el recorrido se pusieran delante de los profesores impidiéndoles el paso o realizaran cualquier acción física con la intención de que no se fotocopiara el examen, lo que en realidad se hizo delante de la alumna.

Una de las profesoras no estuvo de acuerdo con el fallo inicial y por ello presentó un recurso en el que pedía la revocación de la sentencia de primera instancia y que los jóvenes fueran condenados por un presunto delito de coacciones.

La denunciante apeló a la crisis de ansiedad causada por la acción de los alumnos, quienes durante el recorrido hacia la biblioteca, según dijo, se pusieron delante de ellos impidiéndoles el paso o realizando acciones físicas con la intención de evitar que fotocopiaran el examen.

De hecho, la profesora llegó a pedir que se celebrara una nueva vista en la que fueran llamadas a declarar como testigos otras tres personas y además se volviera a interrogar a los alumnos denunciados, lo que no fue admitido por la Audiencia en cuanto que el ordenamiento jurídico no existe el derecho a la presunción de inocencia invertido.

Desde esta instancia se recuerda que la legislación es muy restrictiva a la hora de obtener la modificación de una sentencia absolutoria, o a causa de un error de hecho.

Para lograrlo se tendrían que agravar las condiciones fijadas en una pena, justificar su insuficiencia o falta de racionalidad, omisión de razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas siempre que se a relevante o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Extremos que no se identifican en este procedimiento, por lo que la Audiencia los rechaza y ratifica la firmeza de la sentencia.