La Fiscalía de la Región de Murcia marca las pautas para que no se repita otro 'acuerdo de los empresarios' que pagaron por tener sexo con menores

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia prepara una instrucción interna para llevar un mayor control de las conformidades en lo Penal, con la finalidad de que no se repita lo sucedido en la ‘operación Baúl’, el conocido como caso de los ‘empresarios de la vergüenza’ que pagaron por tener sexo con menores.

José Luis Díaz Manzanera está ultimando una serie de instrucciones destinadas a las siete decenas de fiscales que trabajan en la Comunidad murciana. Por ejemplo, se plantea una supervisión por parte de un superior (esto es, un fiscal de mayor rango) "en los asuntos de especial trascendencia o en los que las víctimas sean menores o personas desvalidas", manifiesta el fiscal superior.  

Escuchar a las víctimas

Además, remarca que "por ley, surge la obligación de escuchar a las víctimas, siempre que sea posible y principalmente en los casos en los que sean especialmente vulnerables". En el caso de la ‘operación Baúl’, donde no se ejerció acusación particular por parte de las perjudicadas, la Audiencia citó a las víctimas y cinco de ellas pidieron que los hombres que habían pagado para mantener sexo con ellas no entrasen en prisión.

El escándalo saltaba en septiembre del año 2024: todos los hombres que reconocieron ante la Audiencia Provincial de Murcia haber pagado (una década antes) para tener sexo con menores de edad se libraban de entrar en prisión, pese a ser condenados en firme por prostitución de menores. Esto se decidía así en virtud de un pacto alcanzado entre la Fiscalía y los abogados defensores de estos individuos, que empezaron a ser conocidos como los ‘empresarios de la vergüenza’. 

Días después, ya con la polémica servida y la indignación en las calles, concentraciones ante el Palacio de Justicia incluidas, la Audiencia convocaba una vistilla para decidir si alguno de los penados llegaba a ingresar en la cárcel. 

Los condenados volvían a entrar al juzgado, recibidos al grito de "violador", "asqueroso", "viejo verde" e incluso "asesino" por las personas que los esperaban en el exterior del Palacio en Ronda de Garay. Pero se producía un cambio: en esta vistilla no comparecía la fiscal que alcanzó el acuerdo, sino que se presentaba directamente el teniente fiscal de la Región, José Francisco Sánchez Lucerga. 

"Reo a reo"

Y era el teniente fiscal quien subrayó que la suspensión de la pena de cárcel "al no ser un derecho, no se concede automáticamente", sino que "hay que ir caso a caso, cada reo, cada condenado".

Sánchez Lucerga expuso que algunos de los condenados sí que tenían que entrar a la cárcel: por ejemplo, Juan Castejón, el más mediático de los encausados, que fue en tiempos presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). Al final, acabaron ingresando en un penal dos ‘mamis’ y un ‘taxista’ de la red. Los clientes se libraban. 

"Hay delitos en los que a cualquier persona se le revuelven los estómagos", destacó en aquella vistilla Sánchez Lucerga. Y el asunto siguió revolviendo los estómagos de muchos indignados aun después de haber concluido en los tribunales.

Por ejemplo, en la manifestación que recorría las calles de la capital de la Región el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacaba la presencia de un hombre, con careta de cerdo, que llevaba un folio en el que se podía leer: ‘Muchas gracias, señor juez’, en referencia a la sentencia de los ‘empresarios de la vergüenza’.  

Sin que esté delante el juez

José Luis Díaz Manzanera tiene claro que la Fiscalía tiene que velar por el interés de las víctimas y que las conformidades han de realizarse con garantías. En este sentido, recuerda que estos acuerdos "tienen que tratarse sin que esté delante el juez", para evitar que "se pueda contaminar". 

"Tienen que estar el fiscal y los abogados" para llevar a cabo el trato, y dárselo ya hecho al magistrado, significa, para resaltar que "lo que no puede suceder es que la conformidad se hable en la misma sala, delante del juez". "Eso es lo que no se debe hacer", incide, para revelar que ha habido fiscales que le han transmitido que esas situaciones a veces se producen y que "en alguna ocasión, el juez se ha metido en los temas de la conformidad". Por eso, "lo mejor es hacerla siempre fuera de la sala de vistas, para evitar que el juez se contamine, porque no puede intervenir en nada", apostilla. 

En la instrucción que prepara, además, cobra mucha importancia "el visado", esto es, que el pacto de conformidad al que llegue un fiscal esté autorizado y refrendado por otro fiscal de rango superior, ya sea él mismo, el teniente fiscal o el fiscal delegado de cada área. 

Asimismo, los responsables del Ministerio Público mantendrán siempre "una audiencia con la víctima", porque "a las víctimas hay que escucharlas". "Es importante conocer si está de acuerdo con la conformidad y también con la suspensión de la condena", manifiesta.

"Iremos a juicio"

A este respecto, el fiscal superior precisa que es posible que se produzca una conformidad "pero no una suspensión" de la pena privativa de libertad, esto es, que el condenado se libre de pisar la cárcel con condiciones. Los requisitos suelen ser no cometer delito alguno durante el tiempo que dudaría la condena, abonar la indemnización correspondiente y, en asuntos de violencia sexual, asistir a un cursillo de reeducación.

Puede darse el caso de que el Ministerio Público respalde una conformidad (en virtud de la cual se rebaja la pena a cumplir por el procesado), pero se oponga a la suspensión. Manzanera es consciente de que "esto puede generar que no haya conformidades", aunque es firme en su instrucción. Si esto ocurre, "iremos a juicio", sentencia.