Hay una ciudad en Rumanía que se llama Ramnicu Valcea, pero es conocida coloquialmente como Hackerville (Villa Hacker), por la cantidad de ciberestafadores que allí residen. HBO produjo una serie de ficción en la que se explica por qué este municipio de 107.000 habitantes es conocido como la capital mundial del cibercrimen. De este municipio proceden la mayor parte de los estafadores que han sido condenados por estafar a 35 administraciones españolas, entre las que destacan 20 ayuntamientos. También hay hospitales, institutos, diputaciones y consorcios. Las penas suman 163 años de cárcel.
Entre los estafados está la Universidad de La Laguna (ULL) de Tenerife, que fue la entidad a la que le sustrajeron una mayor cantidad de dinero (306.223 euros). Según fuentes consultadas, la institución ha conseguido recuperar unos 150.00 euros.
Asimismo, también están afectados una veintena de Ayuntamientos, entre los que se encuentran los de Almería, Castellón, Albacete, Bilbao, Santa Cruz de Bezana (Cantabria), Valdilecha y Arganda del Rey (Madrid), Castelldefels, Parets del Vallés, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Alhaurín de la Torre (Málaga).
La operativa era la siguiente: en primer lugar hackeaban los ordenadores de dichas administraciones para conocer cuáles eran sus proveedores. Una vez robaban esos datos, procedían a falsificar documentos que simulaban ser oficiales de esas empresas de suministros (como facturas o contratos). Después contactaban con las víctimas mediante correos electrónicos y les hacían creer que habían cambiado los números de cuentas de cobro. Así, los responsables de estas administraciones seguían las instrucciones recibidas y procedían a ingresarles el dinero, pensando que se lo estaban abonando a las empresas reales.
Así, levantaron a la administración pública española 1.865.748 euros. En total son 40 las personas condenadas por estas estafas continuadas. Sólo dos son españolas. El resto proceden de Rumanía y la mayor parte vienen de Ramnicu Valcea, el paraíso de las estafas por internet. Pero no sólo las administraciones públicas fueron sus víctimas. Esta red, además, estafó a más de 200 particulares residentes en España mediante anuncios falsos por internet de apartamentos y coches de segunda mano.
Los hechos datan de finales de 2016, cuando los integrantes de la trama empezaron a hackear a diversas administraciones públicas española.
Después de desarrolar el inicio de la táctica antes explicada y si desde la administración mordían el anzuelo, el siguiente paso era enviarles la documentación falsificada.
Fuentes judiciales consultadas por El Periódico de España [del grupo Editorial Prensa Ibérica, en el que está LA PROVINCIA / DLP] aseguraron que «la calidad de las falsificaciones era muy alta».
«Resultaba casi imposible detectar que era un engaño. De hecho, no se empezaron a dar cuenta de la estafa hasta que los proveedores reales empezaron a denunciar impagos por partes de dichas administraciones», indicaron dichas fuentes.
Las mulas
Dentro de la organización, cada uno de los detenidos desempeñaba un rol diferente. Pero la mayor parte de los condenados ejercían de mulas. Es decir, personas que no tienen ningún tipo de jerarquía en la trama criminal y que son usados para, en este caso, recibir el dinero estafado en sus cuentas corrientes. Eran ciudadanos rumanos residentes en su país de origen, que recibían una oferta para colaborar con ellos en España. Generalmente personas con bajo nivel adquisitivo y/o cultural, que necesitaban dinero. Si aceptaban la oferta de los estafadores, recibían un pasaje de avión desde Bucarest hasta España.
Una vez en territorio español, la organización los ubicaba en casas y les daba las instrucciones a seguir: lo único que tenían que hacer era abrir una cuenta corriente con datos ficticios. Les hacían presentarse en un banco con una identidad falsa, previamente construida por los cabecillas de la organización. Para ello les entregaban pasaportes falsos, contratos de trabajo, certificados de empadronamiento o de extranjería. Con todo ello, la mula se presentaba en una sucursal bancaria para abrir una cuenta corriente.
Cuando la administración pagaba en la cuenta nueva proporcionada por los estafadores, la mula debía sacarlo de allí cuanto antes. Apuraban las cantidades máximas permitidas de reintegro diario en cajeros automáticos o en internet.
