La Guardia Civil desarticuló el pasado lunes a un clan familiar que se dedicaba a la importación, depósito y venta de armas de defensa eléctricas, prohibidas en España, desde una vivienda del municipio de Ingenio. La investigación se centró en identificar a un matrimonio que a través de internet ofrecía estos objetos, que tienen capacidad para proyectar hasta 980.000 voltios, a un precio de entre 125 y 200 euros. El Instituto Armado no descarta nuevas detenciones relacionadas con la posesión de alguna de estas pistolas extensibles de electrochoque que en otros países son legales.

Agentes del área de investigación del puesto principal de Agüimes fueron los encargados de iniciar las pesquisas después de que gracia a la colaboración ciudadana tuvieran conocimiento de que a través de una conocida red social se ofertaba armas prohibidas, «no reguladas», que, como informó la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, «pueden resultar letales». El teniente jefe del citado cuartel apuntó a este periódico que la localización e identificación de los ahora detenidos no resultó sencilla ya que en su perfiles de las webs donde promocionaban sus productos omitían su identificación real. 

Así, los guardias civiles consiguieron tener conocimiento de una transacción que los arrestados iban a realizar en un punto del sureste de Gran Canaria. En ese momento, los agentes cogieron por sorpresa a la pareja durante el encuentro que mantuvieron con sus clientes. El jefe del puesto de Agüimes explicó que durante ese seguimiento comprobaron que los vendedores, al tener conocimiento de que realizan una actividad delictiva, tomaban numerosas precauciones cuando sospechaban que podía haber presencia policial en la zona.

Los agentes arrestaron al matrimonio, un hombre de 43 años y una mujer de 37, al comprobar que el maletero de un coche guardaban dos armas, una de ellas un bastón extensible y otra tipo taser, utilizada por determinados cuerpos y fuerzas de seguridad para reducir a los delincuentes con una descarga eléctrica que provoca contracciones musculares que neutralizan a la persona. Además, en el vehículo se localizó un spray paralizante no homologado. A ambos se les imputa sendos delitos de tenencia y distribución de armas prohibidas.

La Guardia Civil registró una vivienda ubicada en el barrio ingeniense de El Sequero, en la que residían los arrestados, para así comprobar si poseían más objetos de este tipo. Asimismo, intervino un teléfono móvil que era utilizado para la importación y distribución de material ilícito, así como la documentación que acredita la participación de los dos detenidos, que carecían de antecedentes previos relacionados con hechos similares, en esta actividad delictiva. 

La Comandancia señaló que la investigación sigue abierta ya que la tenencia de estos está prohibida en el país y que en la aplicación del actual Código Penal podría conllevar a penas de entre 1 y 3 años de prisión. Por ello, no se descartan nuevas detenciones. Asimismo, animó a la ciudadanía a denunciar este y otro tipo de hechos delictivos a través del correo electrónico gc-ppl-aguimes-investigación@guardiacivil.org.

Los arrestados, que vendían los productos a 125 ó 150 euros por unidad o 200 el pack, fueron puesto a disposición del juzgado de guardia de Telde, que puso en libertad con cargos a ambos.