Un grancanario lleva tres años siendo víctima de un okupa. Carlos, es un ciudadano que se quedó en paro y se fue a vivir con su padre para poner su casa en alquiler y sacar algo de dinero mientras mejoraba su situación económica.
El joven alquiló su piso a un hombre que tenía trabajo y "aparentemente una estabilidad económica" hasta que éste deja su empleo y deja de pagar el alquiler a Carlos. “El actual inquilino de la vivienda decide presentar su dimisión en el trabajo para quedarse en situación de vulnerabilidad y de esta manera poder recibir ayudas”, denuncia Carlos a los micrófonos de COPE Canarias. "Presentó la baja de trabajo que cogió, la realizó de forma voluntaria, no fue un despido improcedente o relacionado con la situación de pandemia”, añade.
"La justicia está siendo injusta, dado que se encuentra desprotegido ante esta situación y que el único que está saliendo beneficiado es el inquilino de casa", manifiesta Carlos.
Ante esta situación, el grancanario ha hecho “una llamada a todas las personas que están viviendo una situación similar para que protesten y se unan. La idea es poder preparar un decreto ley que favorezca también a los dueños de las viviendas y no solo al que la ocupa. Ya que hay procesos de tramitación que llevan hasta 7 años en curso, por lo que pierdes tu hogar injustamente”.
Canarias, entre las comunidades con más denuncias por okupación
Las okupaciones ilegales de viviendas han aumentado a 11.793 casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el mes de septiembre de 2020 en el conjunto de España, continuando Cataluña a la cabeza de la estadística, ya que concentra el 48% del total, con 5.670 denuncias sobre allanamientos o usurpaciones. Canarias, con 475 hechos conocidos vinculados a la okupación, se coloca como la quinta comunidad autónoma de España con el mayor número de casos.
Los datos constan en una respuesta parlamentaria del Gobierno al Grupo Parlamentario del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press. El último dato conocido era el del primer semestre de 2020, que reflejaba un incremento del 5% sobre el mismo periodo del año anterior, al registrarse 7.450 denuncias en el conjunto de España.
s decir, en los tres últimos meses --de enero a septiembre-- se han registrado otras 4.343 denuncias por 'okupación'. En septiembre, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior dictaron instrucciones internas para facilitar los desalojos inmediatos en los delitos relacionados con el allanamiento de viviendas.
Según los datos del ámbito de competencia del Ministerio del Interior, Cataluña sigue encabezando hasta septiembre la estadística con un total de 5.670 casos, de los que 4.119 se concentran en la provincia de Barcelona. En el primer semestre el dato era de 3.611 hechos conocidos de 'okupación', un 13,2% más si se comparaba con el mismo periodo de 2019.
Por comunidades autónomas
La Comunidad de Madrid mejora notablemente estas cifras al registrarse 1.024 hechos conocidos vinculados a la okupación, frente a los 1.801 casos de Andalucía --de los que 616 se concentran en la provincia de Sevilla-- o los 969 casos de la Comunitat Valenciana --559 dentro de la provincia de Valencia--.
El resto de comunidades autónomas que concentran más hechos conocidos relacionados con la okupación son Canarias (475), Castilla-La Mancha (467), Murcia (282), Baleares (239), País Vasco (175), Castilla y León (145) y Galicia (138). Las que menos en números totales --sin tener en cuenta la población-- son Extremadura (79), Navarra (69), Cantabria (41), Asturias (32), Ceuta (16), Melilla (12) y La Rioja (8).
El Gobierno explica en su respuesta por escrito que los datos reflejan la categoría de ocupación de inmuebles tanto por allanamiento de morada como por la usurpación, y que se incluye "todo tipo de inmuebles, residenciales o no, que, estando vacíos, han sido ocupados al constar estos datos agrupados en las correspondientes bases informáticas".
