El menor de 14 años sobre el que el Gobierno de Canarias declaró su desamparo con carácter temporal llevaba sin acudir con regularidad a su centro educativo desde el comienzo del curso. Además, a partir de los meses de confinamiento por la pandemia, su asistencia al instituto fue muy irregular. Como en otros muchos casos, el elevado grado de absentismo escolar fue el detonante para que se iniciara la búsqueda del adolescente, que finalmente fue localizado por agentes de la Policía Autonómica en la mañana del miércoles en una infravivienda ocupada en el barrio de García Escámez, en Santa Cruz de Tenerife. Llevaba varios días con fiebre, tenía tanta debilidad que no podía caminar ni sostenerse en pie y tenía los labios reventados, supuestamente por deshidratación. Según las fuentes, la falta de colaboración por parte de su madre impidió que la intervención de la administración pública se iniciara con anterioridad.

Una de las fuentes consultadas señaló que el menor y su madre llegaron de Madrid en el 2020. Ambos y otro familiar residían hasta ahora en una vivienda ocupada en unas condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes. Y desde la Comunidad de Madrid, donde también se le hizo seguimiento por su absentismo escolar, se avisó a las administraciones canarias de que el adolescente podía estar en una situación compleja, ya que en su anterior lugar de residencia tampoco acudía con regularidad a clase. Tras ser trasladado a un hospital, se confirmó que padece covid-19. Y ayer estaba previsto que personal técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Ejecutivo lo trasladara a un centro de acogida inmediata (CAI).

La casa en la que la Policía Autonómica encontró al niño estaba en pésimas condiciones

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, explicó que, cuando interviene la Policía, «ya la situación pinta fea»; es decir, que está en un nivel preocupante y demuestra que la familia no colabora, como en el presente caso. En condiciones normales, cuando un centro educativo alerta de un caso de absentismo, personal de los ayuntamientos debe acudir al domicilio del menor para hacer una primera valoración del caso y determinar qué acciones se adoptan al respecto.

La directora general de Protección a la Infancia admitió que el equipo de riesgo de los Servicios Sociales de la corporación municipal «no ha podido trabajar con el menor, porque la madre nunca se ha prestado a ello». A veces, la progenitora aseguró que estaba mal de salud para no acudir a las reuniones con los técnicos municipales, lo que obstaculizó la labor de dichos profesionales.

Según Serrano, hay veces en que otros familiares de los progenitores colaboran para ayudar a los niños en su desarrollo y escolarización. Pero la progenitora de este adolescente carecía de esa red de apoyo. A juicio de la directora general, algunos padres tienen miedo de que, con la primera valoración del equipo de riesgo de su ayuntamiento, ya se les vaya a quitar a sus hijos; pero no es así, ya que, en realidad, se inicia un proceso en el que se valora si las medidas correctoras pueden realizarse con el niño en el seno de su familia biológica o separado de la misma.

Para Iratxe Serrano, con este menor se aplicó «el artículo 11 de la Ley, que significa que se trata de un procedimiento de urgencia». El niño hallado el miércoles en García Escámez no presenta signos de desnutrición, al menos en principio. Pero sí dio positivo al covid, lo que explicaría su estado febril e importante debilidad. Personal del Ejecutivo autónomo también ha requerido equipos de protección individual (EPI) para poder efectuar el traslado y la atención al menor mientras padezca el coronavirus. Además, se le han hecho una serie de análiticas, cuyos resultados se conocerán en los próximos días para conocer su estado de salud real.

El subinspector Ramón García, del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), aclaró que los agentes recibieron una información muy escueta y su objetivo debía ser localizarlo y saber en qué condiciones se hallaba, ya que puede estar en «una situación exquisita, normal o catastrófica, por ejemplo». A partir de entonces, los policías consultaron bases de datos y recabaron testimonios de vecinos, entre otras cosas. Tras cinco días de búsqueda, lograron encontrarlo en una infravivienda. Tocaron en la puerta y la madre los atendió por la ventana, ya que en un principio se negó a abrirles.

El menor, ya bajo la tutela provisional del Gobierno canario, padece covid

De forma educada y con habilidad, los agentes explicaron el motivo de su visita. Y la mujer les permitió el acceso. Los funcionarios apreciaron suciedad, restos de comida por doquier, desorden y un hedor intenso, que les traspasó las mascarillas. Cuando preguntaron por el niño, la mujer dijo que dormía porque llevaba varios días enfermo. En una habitación de la parte alta de la casa se hallaba el niño en las condiciones descritas.

En teoría ya habían terminado su trabajo, pero decidieron ir más allá por el bienestar del menor, explicó el subinspector. Los agentes de la Unidad de Menores y Familia avisaron de que el estado del pequeño no era el adecuado a su cadena de mando, que les dio instrucciones sobre cómo actuar, a la Fiscalía de Menores y a la Dirección General. Y también solicitaron a la sala del 1-1-2 el envío de una ambulancia para que el menor fuera trasladado a un centro hospitalario. El Gobierno canario decretó ayer su desamparo provisional. A partir de ahora, se hará una valoración para determinar si se revoca esa medida o se confirma, lo que implicaría la retirada de la patria potestad a la madre.

Más de 1.600 menores tutelados en Canarias

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario, Iratxe Serrano, explicó que los casos como el detectado el pasado miércoles por la Policía Autonómica son puntuales. Según los datos de 31 de diciembre del pasado año, en el Archipiélago existen 1.613 menores residentes en las islas que están tutelados por la Consejería de Derechos Sociales, de forma concreta por el departamento que dirige Serrano. De esa cifra total, 908 pertenecen a la provincia de Las Palmas y los 705 restantes, a la de Santa Cruz de Tenerife. De la cifra global, el 56 por ciento se halla acogido por familias que, de forma voluntaria, colaboran con la Dirección General. El 40 por ciento reside en centros de acogida. Y el 4 por ciento restante está en guarda con fines de adopción. A dicha cifra hay que añadir a los menores migrantes no acompañados o en situación de desamparo, que ya suman 2.800 y que también están tutelados por el Gobierno autonómico. Iratxe Serrano considera muy positivo que haya más niños acogidos por familias que en recursos gestionados por la administración pública o «institucionalizados». Y comenta que «ese muy buen dato» empezó con el anterior equipo de gobierno de la administración regional.