Más de diez años lleva esperando la familia de Antonio Quesada y Ana María Artiles, el matrimonio que desapareció en Guanarteme en 2012, para conocer algún detalle de la investigación que lleva a cabo la Policía Nacional. Las hijas y el hijo de la pareja solicitaron a los ministerios de Interior y Justicia que se levante el secreto de sumario para tratar de obtener algún tipo de información sobre la muerte de sus padres, cuyos cadáveres fueron hallados por un cazador en el barranco de Las Vacas de Agüimes en agosto de 2017. El único investigado por este caso, el exsubdirector de una sucursal bancaria de la capital grancanaria identificado con las iniciales R. S. T., se presenta todas las semanas en los juzgados para firmar.
Miriam Quesada, uno de los vástagos, indicó: «Son nuestros padres, tenemos derechos a saber algo de la investigación» que, en su opinión, está «estancada». «Que la policía te diga que está mirando unas cámaras... eso es algo que tenían que hacer hace diez años», apuntó Quesada, quien cree que «se está mareando la perdiz». «No comprendemos», continuó, «que diez años después siga bajo secreto de sumario». La hija del matrimonio entiende que con la ampliación sine die de esta medida se están vulnerando los derechos de la familia para así solicitar nuevas pruebas con las que poder incriminar al por ahora único sospechoso de la muerte de Antonio y Ana María, quien incluso permaneció seis días en prisión acusado del homicidio de ambos.
«Tenemos derecho a saber algo de la investigación», apunta Miriam, uno de los vástagos
La abogada de la familia, Patricia Catalina, apostilló que lo único que conocen es lo que les llega a través de los medios de comunicación. «La atención a la familia es mínima», declaró la letrada, quien añadió que durante los últimos meses han recurrido la decisión de alargar el secreto de las actuaciones, encontrándose con un muro que les impide avanzar. «Hemos conseguido elevarlo a la Audiencia Provincial» mediante un recurso de apelación, con idéntico resultado.
Ante esta situación, han decidido acudir en primera instancia a los ministerios de Interior y Justicia mediante sendos escritos de queja con el objetivo de desbloquear la causa. A Interior para que el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias aporte información sobre las diligencias con las que la abogada puede instruir cualquier tipo de investigación paralela que permita esclarecer lo ocurrido aquel 6 de marzo de 2012 en el barrio de Guanarteme. Y a Justicia para que se dirija al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, encargado del caso, para que agilice la investigación y solicite a los agentes que avancen» con las diligencias. «Ahora mismo no puedo trabajar, no puedo hacer absolutamente nada» por el bloqueo existente. «¿Qué faltan pruebas? Pues las pediremos. No puede ser que una investigación como esta esté estancada», incidió ayer la abogada.
La abogada acudirá al Diputado del Común para que se liberen las diligencias practicadas
Catalina apostilló que, en la situación actual, las víctimas indirectas son los hijos y los nietos del matrimonio que fue asesinado, presuntamente, aquel 6 de marzo de 2012. «Necesitan saber qué pasó con sus padres y hacer justicia, tener respuestas, sentar en el banquillo al culpable», dijo la abogada, que reconoció sentir «admiración» por todos ellos. «No sé cómo son tan fuertes» ya que, apuntó, sufren de «ansiedad procesal» al llevar tanto tiempo esperando una respuesta.
En este sentido, los familiares mostraron su disconformidad con el trato recibido por parte de algunos componentes de la investigación durante los primeros meses de la desaparición al carecer, en su opinión, de falta de empatía para con los hijos, especialmente con uno de ellos que padece de un 78% de discapacidad. Sus hermanas se percataron de un «cierto empeoramiento» de su estado emocional después de mantener una entrevista con la Policía Nacional. En el escrito, la abogada recalca que durante esa época fueron tratados «con indiferencia, actitudes chulescas, sarcasmo y malos modos», haciéndoles sentir «desamparo en todo momento». La familia matizó, en todo caso, que con el equipo actual de Homicidios que lleva la investigación el trato es correcto.
Patricia Catalina adelantó que también llevarán lo sucedido al Diputado del Común con el objetivo de agotar todas las vías posibles para que la familia reciba información de la investigación.
