Una pareja de San Bartolomé de Tirajana ha perdido temporalmente la tutela de su bebé de 19 meses tras el niño dar positivo en cannabis y cocaína en un análisis toxicológico realizado por un hospital capitalino. La progenitora acudió al centro hospitalario al detectar síntomas de somnolencia e inestabilidad en la marcha en el menor, que estaba decaído y, tras realizar los sanitarios el estudio detectaron la presencia de estas sustancias estupefacientes en la sangre, por lo que activaron el protocolo y dieron aviso a la Policía Nacional, que procedió al arresto de ambos progenitores. El padre, de 26 años, y la madre, de 27, se enfrentan a un delito de abandono de familia, tipificado en los artículos 226 a 233 del Código Penal, según informó ayer el Cuerpo. 

La familia reside en una vivienda de un diseminado en las medianías de San Bartolomé de Tirajana junto con una de las abuelas, quien será la encargada de la custodia del bebé a la espera de lo que resuelva la autoridad judicial competente. Ayer, este humilde barrio del principal municipio turístico de Canarias no daba crédito a la información sobre que una pareja del lugar hubiera podido descuidar de esta manera a su vástago. Las personas consultadas ignoraban el suceso y que esta situación se estuviera dando en una de las casas. 

El diseminado nace de las cuarterías que, en su momento, tenían los aparceros del tomate en esta zona del municipio sureño, en el que las plantaciones de esta hortaliza poblaban numerosas hectáreas de terreno. Muchas de estas personas que trabajaron la tierra decidieron arreglar las viviendas y quedarse en el lugar, al que también llegaron otras con menos poder adquisitivo que decidieron iniciar su vida, y que construyeron casas más humildes, algunas de ellas chabolas. No obstante, es un lugar en el que la convivencia entre vecinos no ha sido un problema pese a las diferencias

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, tras recibir el aviso del centro hospitalario, inició una investigación para llegar hasta el fondo del asunto. Los agentes se entrevistaron con ambos progenitores y con la abuela del bebé. En la charla, los padres reconocieron que consumían de forma habitual las sustancias que se encontraron en la sangre de su vástago y que era posible que, de forma accidental, este hubiera consumido algún resto que hubiera quedado en el mobiliario del hogar familiar. 

Es por este motivo que los agentes decidieron arrestar a la pareja como presuntos autores de un delito de abandono de familia, ya que es obligación de los padres velar por el mantenimiento y el bienestar de sus hijos, y se entiende que en esta ocasión no se protegió la integridad de la víctima. De la misma manera, se decidió que, una vez el menor recibiera el alta médica, quedaría bajo la custodia de la abuela hasta que la autoridad judicial determine otra cosa. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial. 

Los hechos, según fuentes consultadas, se produjeron hace algo menos de dos semanas. La madre acudió al hospital el 31 de julio y fue el 1 de agosto cuando la Policía Nacional tuvo constancia de los hechos que habían ocurrido en la vivienda familiar de San Bartolomé de Tirajana, momento en el que indagaron más para su esclarecimiento. El caso pasó a manos del juzgado de instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de guardia en ese momento. Al tratarse de una cuestión que involucra a un menor, será la Fiscalía de Menores la encargada de dilucidar qué es lo mejor para el bebé de 19 meses y la que instruya las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de la responsabilidad penal de los arrestados, así como las posibles medidas cautelares que se les impongan. 

El procedimiento habitual de este tipo de casos pasa por la Fiscalía, quien lo haría llegar a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias para su análisis pormenorizado. De confirmarse los hechos, se retiraría la tutela a los padres y, para evitar que terminara en un centro de acogida y siempre apostando por proteger el bien del menor, se optaría por familia extensa, es decir, por conceder la custodia a algún familiar cercano.