Un preso de Salto del Negro finge un desmayo y agrede a un funcionario

El pasado 18 de enero, un preso agredió a un funcionario en el Centro Penitenciario Las Palmas I, situado en el Salto del Negro.

Los hechos tuvieron lugar en el módulo 4, donde residen los internos más conflictivos y peligrosos.

Un preso fingió un desmayo y cuando era trasladado a la enfermería del centro para ser atendido por los servicios médicos, agredió al funcionario “provocándole una fractura en el dedo de una de sus manos”, según han informado fuentes del citado centro penitenciario.

El agresor, esa tarde, “había ingerido oralmente las hojillas de su cuchilla de afeitar así como varias pilas”. Por dicho motivo, los servicios médicos, a petición de los funcionarios de servicio, ordenaron su traslado al hospital.

Mientras se esperaba la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el traslado, el compañero de celda del agresor informó que “mi compañero ha vomitado sangre y no me hace caso, no me contesta”. La supuesta pérdida de consciencia se puso en conocimiento al cuerpo médico que ordenó el traslado a la enfermería, estando el preso, “en teoría desmayado”.

En el traslado, el interno “se recuperó milagrosamente de su indisposición” y agarró la mano de la víctima al que le retorció los dedos de la misma “produciendo con total intención la fractura de su dedo”. Finalmente acabó en el módulo de aislamiento.

El Sindicato de Prisiones (AMPM), en un comunicado, informa que “como ocurre desde hace tiempo y ante la asombrosa y desgraciada pasividad y abandono por parte del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha vivido en una situación en la que un trabajador público, durante el desarrollo de sus funciones, sufre una agresión física que se podría evitar con un aumento de medios, de personal y de formación como se reclama desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM!)”.

Además, añaden que “lejos de atender las necesidades de sus trabajadores, la política seguida por los Señores Marlaska y Ortiz, se basa en la criminalización de los funcionarios de prisiones, desoyendo sus más que justificadas peticiones como es el caso de la concesión de agentes de autoridad dando, por el contrario, una mayor veracidad a la población reclusa que a sus propios trabajadores e incluso recogiendo dichas intenciones en la normativa interna entregrada a los Centros Penitenciarios.”