La mujer que okupó en Tenerife una vivienda tras venderla se la cede a tres jóvenes

La mujer que vendió una vivienda en el núcleo lagunero de Bajamar y luego la okupó durante casi cuatro años huye de Tenerife en barco a la Península. Antes de marcharse, A. R. V. dejó la casa a otros tres okupas, dos chicos y una chica de unos 20 años, a los que ya se les ha comunicado la orden judicial de abandonar de inmediato la casa, situada en una urbanización en la carretera general a la Punta del Hidalgo (TF-13), en la curva junto al Hotel Neptuno, para evitar ser desalojados por la Policía Nacional.   

Esto confirmó a este periódico el tinerfeño que la compró, José Miguel Cruz, quien tras una larga lucha se personó este viernes por la mañana junto a su abogado en la vivienda para comunicar a los nuevos okupas que la deben abandonar en los próximos días por orden del Tribunal Supremo si quieren evitar una actuación policial por la fuerza.

La historia se remonta a finales de 2019, cuando José Miguel Cruz y su pareja, Rosario Santana, adquirieron la casa, de 90 metros cuadrados y con vistas al mar, a la ciudadana de nacionalidad belga A. R. V. por 140.000 euros. Esta se negó a abandonar el piso alegando que había sido forzada a firmar la operación ante el notario, extremo que han rechazado hasta tres sentencias judiciales. Durante estos casi cuatro años de pesadilla, la pareja propietaria ha pagado todos los meses los 650 euros de la hipoteca, al tiempo que se han tenido que hacer cargo de los recibos de la comunidad, la luz y las derramas.

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La okupa permaneció en la casa, con un menor de 6 años que había adoptado en Marruecos, hasta que este jueves se marchó de madrugada ante la acumulación de fallos judiciales en su contra y la inminencia del desahucio, que se había fijado para el pasado 16 de marzo pero se aplazó por la huelga de los letrados de la administración de justicia.

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La Fiscalía de Menores de la provincia tinerfeña confirmó a este periódico que ha abierto una investigación a esta ciudadana belga después de recibir denuncias que alertaban sobre las presuntas malas condiciones del niño de seis años que había adoptado. El ministerio público realiza un seguimiento a A. R. V. para determinar a dónde ha acudido en la Península –el barco que tomó el jueves realiza la ruta Tenerife-Huelva– con el fin de avisar a la Fiscalía de Menores de la provincia correspondiente para que prosiga con la vigilancia.

El ministerio público, que ya seguía desde hace años los pasos de esta mujer, había descartado que el menor se encuentre en malas condiciones –estaba escolarizado y el centro educativo no había advertido de ninguna incidencia reseñable– pero ante su fuga del jueves, el hecho de que el niño se ha quedado sin clases y los antecedentes de A. R. V. ha reactivado la vigilancia.

Según las fuentes oficiales del órgano judicial tinerfeño consultadas por este diario, A. R. V. ya había adoptado en la Isla a otro menor hace más de 10 años, que decidió marcharse de la casa e ingresar en un centro de acogida, cuando tenía 16 años, alegando presuntos malos tratos de A. R. V.. La Fiscalía de Menores tinerfeña también hizo un seguimiento a este caso pero no tuvo que intervenir pues el adolescente abandonó la casa por su propia voluntad.

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José Miguel Cruz espera que su odisea acabe en los próximos días y pueda disfrutar por fin de la vivienda que compró hace casi cuatro años una vez que la ciudadana belga ha abandonado su propiedad. «Los nuevos okupas, tres chicos jóvenes, dicen que le pagaron a esta mujer y que no tienen a dónde ir pero mi abogado ya les ha advertido que abandonen la vivienda de inmediato por orden judicial». El Tribunal Supremo ya ha avisado a la Policía Nacional para que actúe si estas personas no abandonan la casa de Bajamar.

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«Me he sentido desamparado por la Administración», se quejó José Miguel. Un ejemplo de ello es la inacción que ha percibido de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, en cuyo conocimiento puso que la okupa ha estado acompañada de un menor de nacionalidad extranjera en acogimiento permanente. Aclara que puede asegurarlo porque, en las conversaciones desde la toma de contacto hasta la compra del piso, así se lo expresó la propia vendedora.

Fuentes de Bienestar Social de La Laguna confirmaron que siguieron el caso y que descartaron que el menor se encontrara en malas condiciones, así como detallaron que A. R. V. había pedido colaboración para obtener el ingreso mínimo vital, que concede el Gobierno central a personas sin recursos, e información sobre otras ayudas que pudiera ofrecerle el Ayuntamiento de La Laguna.

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