Golpe al fraude agrícola: descubren un vivero ilegal con 14.000 plantas de aguacates

En un aparente paraje agrícola de El Rosario, Tenerife, se escondía una actividad clandestina con impacto directo sobre la seguridad ambiental y la legalidad laboral del archipiélago. Bajo la apariencia de naves industriales corrientes, un vivero ilegal albergaba nada menos que 14.000 plantas de aguacates, en un proceso de producción completamente al margen de la ley.

La operación fue destapada por el SEPRONA, en colaboración con los técnicos del Área de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, y sus conclusiones no dejan lugar a dudas: se trataba de un foco activo de producción vegetal que operaba sin controles, sin licencias, y con productos que podrían representar un peligro real para el ecosistema agrícola canario.

En los 700 metros cuadrados de instalaciones, los agentes descubrieron un sistema montado para producir aguacates desde la germinación de semillas hasta la fase de plantón. Miles de árboles jóvenes, listos para su venta o trasplante, crecían ajenos a todo tipo de control fitosanitario, sin trazabilidad y sin garantías.

Una de las mayores preocupaciones fue la magnitud del fraude: más de 14.000 ejemplares vegetales en distintas fases de crecimiento, que podrían haber sido distribuidos por toda Canarias, comprometiendo los cultivos legales y la biodiversidad insular.

Lo que parecía una simple infracción administrativa reveló un problema mucho más grave. Los agentes hallaron productos fitosanitarios con sustancias prohibidas, almacenados sin etiquetado y en condiciones inadecuadas. Se trataba de químicos no autorizados que podrían afectar no solo a las plantas, sino también al suelo, al agua subterránea e incluso a la salud humana si entraran en la cadena alimentaria.

Este hallazgo coloca el caso dentro del marco de las infracciones graves o muy graves recogidas en la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal, con sanciones que pueden llegar hasta los 120.000 euros.

Trabajo oculto

La escena no solo mostraba una vulneración de la normativa vegetal, sino también un esquema de explotación laboral encubierta. Dos personas fueron sorprendidas realizando tareas propias del vivero. Tras ser identificadas, se constató que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Un hecho que, en el marco legal español, se considera infracción muy grave en materia laboral, con multas que van desde 3.100 hasta 10.000 euros por persona.

La combinación de estos hechos —fraude laboral y uso de químicos ilegales— dibuja un escenario alarmante, donde el interés económico pasa por encima de las leyes, la salud pública y la sostenibilidad agrícola.

Precinto, aprehensión y custodia judicial

Ante la gravedad de los hechos, los técnicos del Gobierno de Canarias procedieron al precinto inmediato del vivero, autorizando únicamente el acceso necesario para el cuidado mínimo de las plantas. Las 14.000 unidades quedaron bajo custodia del titular del recinto, a la espera de lo que determine el curso de la investigación.

Las autoridades han dejado claro que el caso no se cierra aquí. Continúan las indagaciones y no se descarta que se deriven responsabilidades penales, en función del volumen de distribución, el alcance ambiental del uso de fitosanitarios prohibidos y la posible existencia de otros puntos de cultivo relacionados.