Condenados a ocho años de prisión los seis tripulantes de un pesquero con 1,1 toneladas de cocaína interceptado en alta mar

El 10 de mayo de 2024, el Servicio de Vigilancia Aduanera realizó una operación que terminó con la incautación de 1,1 toneladas de cocaína y la detención de seis tripulantes de un barco pesquero que navegaba sin rumbo definido ni bandera visible en aguas internacionales próximas a Canarias.

La embarcación, localizada alrededor de las 19:00 horas, presentaba un estado deplorable, sin equipos técnicos adecuados, ni documentación válida que acreditase su pabellón, pese a que se presumía de origen brasileño. Los agentes constataron, además, que el barco sufría una vía de agua en la sala de máquinas, lo que ponía en serio riesgo su flotabilidad.

Durante la inspección, los funcionarios hallaron cinco fardos de arpillera —envases comunes en el tráfico de estupefacientes—, y posteriormente localizaron otros similares en la proa del barco, hasta contabilizar 63 paquetes en total. Tras confirmar la presencia de droga, se decidió hundir el barco por motivos de seguridad y trasladar tanto la carga como a los detenidos al Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un alijo millonario: cocaína de alta pureza

Las pruebas de laboratorio confirmaron que los paquetes contenían cocaína con una pureza del 87,4 %, lo que elevó su valor en el mercado ilegal hasta casi 53 millones de euros. Como resultado, la Audiencia Nacional impuso a cada uno de los seis implicados una multa de 1,2 millones de euros, el doble del valor estimado del alijo, además de una pena de ocho años de prisión por un delito contra la salud pública.

Según las investigaciones, los detenidos eran pescadores y marineros de profesión, contratados en Brasil por intermediarios desconocidos para realizar este transporte. Partieron desde Belem (Brasil) y tomaron el control del alijo frente a la costa de Guayana, sin saber con certeza la cantidad exacta de droga a transportar.

Durante el juicio no se pudo probar que los acusados pertenecieran a una organización criminal estructurada ni que tuvieran conocimiento previo del volumen total de estupefacientes a bordo.

Entre los arrestados, uno actuaba como capitán, otro como mecánico y uno portaba anotaciones con coordenadas. Todos disponían de teléfono móvil, pero no se hallaron pruebas concluyentes de una estructura jerárquica criminal.

Aunque en un inicio negaron su implicación e incluso ofrecieron versiones contradictorias, los acusados terminaron admitiendo los hechos y expresaron su arrepentimiento, decisión que comunicaron mediante sus abogados. Esta aceptación de culpa evitó la celebración de un juicio prolongado.