Detenido Siugzda Daivaras, el secuestrador de la familia Bolaños tras cinco años fugado de la Justicia
El arrestado huyó tras ser condenado en 2021 a tres años y medio de cárcel por detención ilegal, robo con violencia y lesiones

Siugzda Daivaras durante el juicio en su contra. | | ELVIRA URQUIJO / EFE / Mary Suárez Jaspe
El calendario retrocede al año 2002. Noche del 9 de mayo. El empresario José Bolaños (propietario de una cadena de supermercados), su mujer Ana Marrero y su hijo Francisco, de entonces 17 años, fueron secuestrados y torturados en un robo. Cinco encapuchados accedieron al domicilio familiar, en Vecindario, con un claro objetivo: hacerse con el dinero de la caja fuerte.
De los cinco, solo uno de ellos, el lituano Siugzda Daivaras, fue identificado. El nombre de los otros cuatro sigue siendo, 24 años más tarde, un misterio. Daivaras fue detenido y juzgado en 2021. Lo condenaron a tres años y medio de cárcel por detención ilegal, robo con violencia y lesiones. Pero no ingresó voluntariamente en prisión y durante cinco años se ha mantenido en paradero desconocido. Hasta esta semana. La Policía Nacional detuvo el lunes al implicado, de 51 años, que permanecía oculto en Maspalomas y que tenía una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El arresto, ejecutado por agentes adscritos a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas, se realizó en los alrededores del complejo de apartamentos de Campo Internacional donde Daivaras había fijado su residencia. Llegaron a él tras recibir una denuncia por una agresión a la dueña de un gimnasio: al cruzar los datos del altercado con los presuntos implicados el nombre de Daivaras apareció en los archivos. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha ordenado su ingreso en prisión. 24 años después del ataque, duerme tras las rejas.
Secuestro y torturas
El secuestro ocurrió a las 21.15 horas del 9 de mayo de 2002. Tres de los cinco implicados accedieron al domicilio, mientras dos esperaban en la calle con monos de trabajo azules, pasamontañas y guantes de lana. El escrito de acusación del Ministerio Público especificaba en 2019 que llevaban pistolas falsas, presillas de plástico y cinta de embalar. Todo estaba planificado. Podría haber sido el robo perfecto. Con esa cinta maniataron Francisco (a quien también golpearon) y a Ana. Luego los encerraron a oscuras en un baño.
José Bolaños aún no había llegado al domicilio. Lo hizo solo 45 minutos más tarde. Los atracadores se abalanzaron sobre él, lo ataron de pies y manos y lo trasladaron a la habitación buscada: la de la caja fuerte. Allí lo golpearon, le provocaron una brecha en el cráneo, otra en la ceja, le dejaron un ojo morado y amenazaron con matar a su familia. Pero Bolaños no contestaba. No podía. El susto le provocó un shock emocional que bloqueó sus recuerdos, sostuvo la Fiscalía, entre ellos, los dígitos de la caja fuerte.
Los asaltantes no se iban a quedar sin botín. Usaron a su hijo, lo que sabían que más le dolía. El relato de los hechos especifica que amenazaron de muerte al menor y lo intentaron asfixiar con una bolsa. Golpe tras golpe lograron los dígitos y, con ellos, los 500.000 euros que había en el interior.
A las 2.30, cinco horas después de que todo empezara, huyeron. Las tres víctimas quedaron atadas hasta que lograron dar aviso a otros familiares, que llegaron a la casa y los trasladaron al hospital. De inmediato la Guardia Civil, competente por demarcación, puso en marcha un dispositivo de control en las carreteras. No los localizaron.
La confesión
La investigación no fue sencilla. Las pistas escaseaban. El caso fue prácticamente un folio en blanco, tanto que en 2003 se acordó su sobreseimiento provisional, hasta el 14 de marzo de 2012, diez años después. Daivaras se personó "arrepentido" en la comisaría de Policía Nacional de Maspalomas y confesó los hechos. También especificó que había dos españoles involucrados "del entorno de la seguridad privada de Anfi del Mar y del centro comercial Águila Roja". Estos habrían sido quienes, relató a la Policía Nacional, dieron la información de la familia a otros cuatro lituanos a cambio de 25.000 euros cada uno. Sobre ellos, solo reconoció a un tal Kestas y manifestó que no estaban ya en Canarias. Daivaras habría 'cobrado' 70.000.
Añadió que el 'golpe' se planeó en Playa del Inglés, que los cinco atracadores llegaron en dos vehículos y que él fue uno de los que se quedó fuera, en alerta por si tenía que dar aviso a sus compinches de cualquier movimiento. Cuando el robo concluyó huyeron en la misma dirección: Playa del Inglés. De hecho señaló una casa en la avenida de Gáldar.
La Fiscalía pidió para él once años de cárcel, en un juicio que se celebró en 2021 (casi una década después del ataque) y que tampoco fue sencillo. Daivaras se retrató de la confesión ante el magistrado, que lo condenó a tres años y medio de cárcel por delitos de detención ilegal en concurso medial con robo con violencia, dos de detención ilegal y tres de lesiones. "No me reconozco en los hechos", fue lo único que declaró.

El arrestado huyó tras ser condenado en 2021 a tres años y medio de cárcel por detención ilegal, robo con violencia y lesiones / La Provincia
El relato de las víctimas
Francisco Bolaños, el hijo, explicó durante el juicio que estaba con su madre viendo la tele cuando vio a uno de los implicados, quien lo golpeó con una barra en la cabeza. Se desmayó y cuando despertó ya estaba maniatado en el baño. Dijo al magistrado que los implicados tenían un acento «como árabe» pero no lo supo identificar, así como tampoco el color de piel ni sus caras. Tampoco reconoció a Daivaras.
Aquella noche de 2002, Francisco logró liberarse de las cintas que envolvían sus muñecas, avisó al 112 y a una de sus hermanas. «Esa noche solo pensaba en que mis otros siete hijos se encontrarían con tres cadáveres en el tanatorio», lamentó por su parte Ana Marrero, quien llegó a simular pérdida de conciencia para que no la golpearan más.
El lituano también debía indemnizar a Bolaños con 500.000 euros, misma cuantía que la sustraída, 2.073 por las lesiones y 446 euros por las secuelas. Mientras que a la mujer e hijo debía pagar en concepto de responsabilidad civil con 2.073 euros a cada uno por las lesiones, así como 505 y 646 euros respectivamente por las secuelas. Pero antes de ingresar en prisión se esfumó y así permaneció hasta el lunes, convertido en fantasma para la Justicia. Ahora deberá rendir cuentas.
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