Dos presas canarios matan a un perro y dejan herida a su dueña en Lanzarote

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a una vecina del barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote), como presunta responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de maltrato animal, tras un ataque protagonizado por dos perros de raza Presa Canario.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025, señala una familiar de la mujer atacada, cuando la señora paseaba por la vía Mario Benedetti con su perro de raza pequeña, un can de la raza pinche y de nombre 'Chewi', de casi 10 años de edad. En ese momento fue sorprendida por dos canes de gran tamaño —un macho y una hembra— que se encontraban sueltos, sin bozal y sin la supervisión de ningún adulto.

Según la investigación, los animales atacaron de forma repentina tanto a la mujer como a su mascota. El perro pequeño murió en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

La propietaria del animal trató de defenderlo, pero terminó en el suelo y sufrió mordeduras en manos y piernas, por lo que tuvo que recibir atención sanitaria en un centro de salud y tratamiento posterior.

La dueña recogió a los perros y abandonó el lugar

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil señalan que, tras el ataque, la propietaria de los perros acudió al lugar de los hechos. Sin embargo, en lugar de auxiliar a la víctima, recogió a los animales y abandonó rápidamente la zona antes de que llegaran los agentes de la Policía Local.

Posteriormente, la investigación reveló que la mujer limpió la azotea de su vivienda de forma exhaustiva con el objetivo de eliminar cualquier rastro biológico que pudiera relacionar a los perros con el suceso.

Cuando fue interrogada por los agentes, la sospechosa negó ser la propietaria de los animales, intentando desvincularse de lo ocurrido.

Los perros fueron ocultados en una finca familiar

Tras más de dos meses de investigación, el Seprona logró localizar a los animales en febrero de 2026. Los perros habían sido trasladados de forma clandestina a una finca propiedad de familiares de la investigada, también situada en el municipio de Arrecife.

Los agentes encontraron a los dos Presa Canario escondidos dentro de una antigua construcción de bloques en estado de ruina, sin techo y rodeada de escombros.

Además, las condiciones del lugar presentaban graves problemas de insalubridad, lo que llevó a los investigadores a considerar que los animales no estaban siendo mantenidos en condiciones adecuadas.

Durante la inspección también se comprobó que los perros no tenían implantado el microchip obligatorio, un sistema de identificación exigido por la normativa española para facilitar el control y la localización de animales de compañía.

Diligencias remitidas al juzgado

El Seprona ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Arrecife, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales de la investigada.

En su informe, la Guardia Civil se apoya en reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que no adoptar medidas básicas de seguridad —como el uso de correa o bozal en perros de gran tamaño o potencialmente peligrosos— puede constituir una imprudencia grave si se producen daños a personas o animales.

La legislación vigente también contempla obligaciones específicas para los propietarios de perros consideradas razas potencialmente peligrosas, entre ellas la necesidad de licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil y el uso de medidas de control en espacios públicos.

Posible incautación de los animales

De forma paralela a la investigación judicial, la Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Arrecife que proceda a la incautación y depósito urgente de los perros, ante el riesgo que podrían suponer para la seguridad ciudadana.

Las autoridades municipales son competentes en la gestión de animales potencialmente peligrosos y en la adopción de medidas cautelares cuando se detecta un peligro para la población.

Además, la Ley de Bienestar Animal establece obligaciones para los propietarios en materia de cuidado, control e identificación de los animales de compañía. Su incumplimiento puede dar lugar tanto a sanciones administrativas como a responsabilidades penales.

La investigación continúa abierta mientras se determinan las responsabilidades derivadas de este suceso, que ha generado preocupación entre los vecinos del barrio de Argana Alta.

Vecinos de Argana Alta condenan lo ocurrido y piden más control

La seguridad en las calles del barrio de Argana Alta, en Arrecife, vuelve a situarse en el centro del debate tras el incidente reciente relacionado con perros considerados potencialmente peligrosos. Vecinos de la zona han expresado su preocupación por situaciones en las que algunos propietarios no cumplen con las medidas obligatorias de seguridad, como el uso de correa y bozal.

Según denuncian residentes del barrio, este tipo de comportamientos genera inquietud entre quienes pasean a diario por la zona, especialmente personas mayores, familias con niños y propietarios de otras mascotas. Aunque en el caso investigado por el Seprona la mujer agredida pudo salvar su vida, los vecinos advierten de que el ataque podría haber tenido consecuencias más graves.

La normativa española establece medidas específicas para la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, entre ellas llevar siempre al animal con correa y bozal en espacios públicos, además de contar con licencia administrativa y seguro de responsabilidad civil.

Petición de mayor vigilancia y responsabilidad

Los vecinos subrayan que la convivencia en los barrios depende en gran medida del respeto a las normas básicas. En este sentido, consideran necesario que los propietarios asuman su responsabilidad y que las administraciones refuercen las medidas de control para evitar nuevos incidentes.

También recuerdan que las autoridades locales, como el Ayuntamiento de Arrecife, tienen competencias en materia de control y regulación de animales de compañía, incluyendo la aplicación de sanciones cuando se incumple la normativa.

El objetivo, señalan, es garantizar que los residentes puedan caminar con tranquilidad por su propio barrio, evitando situaciones de riesgo que podrían derivar en accidentes más graves.