Asesinato en Fuerteventura: Aaron mató y descuartizó a su madre porque se negó a darle 3.000 euros

Aaron H., el joven de 22 años acusado de matar y descuartizar a su madre, Katty Osterlinck, de 55, en Corralejo (Fuerteventura), ingresó ayer en prisión provisional, comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de asesinato cualificado y estafa continuada. El crimen se habría producido tras una discusión en la que Katty se negó a darle dinero a su hijo, con presuntas adicciones a las drogas. La jueza tomó la decisión a petición del Ministerio Fiscal, que apreció riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

El asesinato ocurrió el 3 de mayo, Día de la Madre y un día antes de que se denunciase la desaparición de Katty, de origen belga, pero residente desde hace años en el Archipiélago. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, expone que ese domingo, Aaron acudió al domicilio familiar, en la urbanización Geafond, «con la intención de acabar con la vida de su madre y obtener una cantidad de dinero que ella se había negado a entregarle».

En el interior de la vivienda, a tenor de los primeros datos de la investigación ejecutada por la Guardia Civil, se produjo una discusión y, a continuación, la agresión «desarrollada con extrema violencia». El auto sostiene que, tras la muerte de Katty, su hijo habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros.

Ese dinero Aaron lo destinó, presuntamente, a gastos realizados durante la madrugada y a la compra, a primera hora de la mañana, de diversos utensilios -entre ellos una sierra radial con la que desmembró el cuerpo- y productos de limpieza. Las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano lo captaron adquiriendo las herramientas.

Después, el presunto asesino regresó a la vivienda para descuartizar el cadáver con la radial y se deshizo de los restos en contenedores próximos al domicilio. Así llegó parte del cadáver al vertedero de Zurita, a unos 35 kilómetros de la vivienda, donde fueron localizados el viernes por la mañana. Tras deshacerse del cadáver, Aaron limpió la vivienda y tiró a la basura algunas de las herramientas.

Parte de esas herramientas se hallaron en el vertedero, pero no todos los utensilios empleados. La instructora destaca que la falta de algunos de los obejetos refuerza el riesgo de destrucción de pruebas si el acusado quedara en libertad. Pero hay otra parte destacada en el auto. El escrito judicial también menciona indicios sobre la posible participación de una tercera persona no identificada plenamente en este momento procesal. El caso continúa abierto hasta el total esclarecimiento de este extremo para poder averiguar si Aaron contó con ayuda, ya fuese en el crimen, para deshacerse del cadáver de su madre o para limpiar los restos de sangre de la vivienda.

Para enviarlo a prisión, la jueza ha tenido en cuenta el visionado de cámaras de seguridad de la tienda donde adquirió las herramientas, los movimientos bancarios, los albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la declaración del investigado, así como la diligencia de reconstrucción de hechos. Como contó este diario, Aaron terminó confesando los hechos.

Desde el punto de vista jurídico, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito. A esto añade el delito continuado de estafa por las transferencias realizadas sin consentimiento desde la cuenta bancaria de la fallecida.

Hay otro aspecto que la jueza resalta. Aaron presuntamente tenía desde hace meses una grave adicción a las drogas. La resolución judicial examina la alegación relativa al consumo de estupefacientes y concluye, en esta fase inicial, que no existen elementos suficientes para apreciar que esa circunstancia «afectara de forma relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos». También explica que, según los indicios, el consumo de sustancias «no excluiría la posible planificación previa».

Para justificar la entrada en prisión, la jueza subraya el riesgo de fuga, atendida la gravedad de los delitos que pueden sumar penas de hasta 25 años de prisión; la edad, su poco arraigo familiar tras los hechos y la situación personal y laboral.