Prisión para un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual en Gran Canaria por agresión sexual a una usuaria

La Policía Nacional detuvo a un trabajador de un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI), dependiente del Cabildo de Gran Canaria, por una presunta agresión sexual a una usuaria residente. El acusado ingresó en prisión provisional y se le impuso, además, una orden de alejamiento sobre la víctima.

Los hechos se denunciaron el 1 de mayo. Otro empleado del CADI fue testigo de la presunta agresión sexual y, de inmediato, lo puso en conocimiento de los coordinadores del centro, que dieron aviso a la Policía Nacional.

Los agentes detuvieron al autor, con antecedentes policiales aunque ninguno por delitos sexuales, cinco días más tarde, el 6 de mayo. El acusado, que niega los hechos, cubría una sustitución desde hacía medio año en el CADI.

La empresa gestora, Grupo 5, envió un comunicado urgente a las familias en el que condena la presunta agresión y especifica que no se produjo en dependencias del centro. Sin embargo, en la denuncia interpuesta consta lo contrario: que la agresión ocurrió en el interior de las instalaciones. Así lo describe el testigo, que descubrió al presunto autor con la víctima en una "habitación en la que no tendría que estar", ya que la usuaria no entraba en las personas atendidas por el ahora encarcelado.

Los compañeros relatan, además, que el presunto autor acudió "un par de veces" a su puesto en estado de ebriedad, "lo que indica que no era idóneo para trabajar con personas con discapacidad intelectual". Ante las recriminaciones, el individuo aseguraba que eran los efectos de "una medicación" que toma.

Sobre la mesa está otro incidente protagonizado por el encarcelado. Un mes y medio antes de la detención, un empleado aseguró verlo realizando "movimientos sospechosos" con la usuaria, en una de las salas del centro. Este empleado no pudo ver nada delictivo, ya que el cuerpo del investigado, de espaldas a la puerta de la habitación, tapaba a la víctima, pero se mantuvo desde entonces pendiente de las acciones del compañero. Hasta que el testigo dio la voz de alarma en mayo.

"La seguridad, el bienestar y la protección de las personas que atendemos constituyen nuestra prioridad. Cualquier actuación que vulnere su dignidad, integridad o derechos es absolutamente incompatible con los valores que inspiran nuestro trabajo", puede leerse en el comunicado de la empresa gestora.

La empresa explica que, tras tener conocimiento de la posible conducta delictiva que afectaba a la residente, informaron "desde el primer momento" a la familia y activaron los protocolos para denunciar. "Se adoptaron las medidas cautelares respecto al trabajador señalado y se le apartó de cualquier actividad vinculada a nuestros centros", añade el comunicado, que subraya la necesidad de enviar "un mensaje de tranquilidad y confianza".