Investigados tres hombres por extorsionar a un vecino de Gran Canaria mediante amenazas y pagos digitales

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha culminado una investigación que ha permitido identificar a tres hombres como presuntos responsables de un delito de extorsión y amenazas cometido contra un vecino del municipio de Agüimes, en Gran Canaria.

El caso se inició después de que un residente de Agüimes acudiera a las autoridades para denunciar una serie de amenazas y exigencias de dinero que venía recibiendo desde hacía semanas.

El origen de los hechos

Según la información facilitada por la Guardia Civil este lunes, los hechos se remontan a finales del pasado año. En ese momento, la víctima contactó con una profesional en un establecimiento de ocio situado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Aunque el encuentro finalmente no llegó a celebrarse, poco después comenzaron las llamadas telefónicas de varias personas que reclamaban diferentes cantidades de dinero. Los interlocutores argumentaban que existían supuestos gastos derivados de reservas, desplazamientos o servicios VIP que debían ser abonados.

Los investigados utilizaron un tono intimidatorio desde el inicio de los contactos, llevando a cabo una situación de presión constante sobre la víctima.

Pagos realizados bajo amenazas

Como consecuencia del miedo provocado por las comunicaciones recibidas, el afectado terminó realizando tres transferencias mediante una conocida plataforma de pago instantáneo.

La cantidad entregada ascendió a 900 euros, pero los requerimientos económicos no finalizaron ahí. Una vez obtenido ese dinero, los presuntos autores continuaron exigiendo nuevos pagos y reclamaron otros 1.500 euros adicionales.

Según la investigación, la estrategia consistía en incrementar progresivamente la presión psicológica para conseguir nuevas transferencias.

Mensajes intimidatorios y amenazas directas

La situación se agravó cuando la víctima comenzó a recibir mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

En dichas comunicaciones se incluían amenazas explícitas y la imagen de un arma de fuego. Los autores advertían de posibles represalias e incluso aseguraban que acudirían a su domicilio si no realizaba los pagos exigidos de manera inmediata.

Este comportamiento provocó una importante situación de ansiedad y preocupación en el denunciante, que temía tanto por su integridad física como por la seguridad de sus familiares.

El análisis digital permitió identificar a los sospechosos

Tras recibir la denuncia, agentes del Puesto Principal de Agüimes iniciaron una investigación centrada en el análisis de las evidencias digitales disponibles.

La labor policial se apoyó en el estudio de los metadatos asociados a las comunicaciones telefónicas y en el seguimiento del recorrido del dinero transferido por la víctima.

Gracias a las gestiones realizadas con distintas operadoras de telefonía, los investigadores consiguieron identificar a los titulares de las líneas utilizadas para efectuar las amenazas.

De forma paralela, el rastreo de los movimientos financieros permitió localizar al destinatario final de los fondos recibidos.

Un presunto implicado con antecedentes similares

Las pesquisas revelaron que una de las personas vinculadas al cobro del dinero contaba con antecedentes policiales relacionados con hechos de características similares ocurridos en otras provincias españolas.

Según la Guardia Civil, esta circunstancia apuntaba a la existencia de un patrón de actuación especializado en este tipo de delitos, donde los autores utilizan medios telemáticos para ocultar su identidad y dificultar su localización.

Los investigadores destacan que la rapidez en la obtención de información bancaria y la colaboración de las entidades financieras resultaron determinantes para evitar que el dinero fuese transferido a otras cuentas con el objetivo de dificultar su rastreo.

Operaban desde diferentes provincias

Una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes lograron identificar plenamente a los tres presuntos implicados.

Tras completar las diligencias correspondientes, la Guardia Civil remitió las actuaciones a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, que será la autoridad encargada de continuar con el procedimiento judicial.