La Policía Nacional esclarece una estafa en clínicas estéticas con 172 afectados en Canarias
Los agentes han investigado a dos personas e identificado a otras tres por, presuntamente, vender tratamientos estéticos y de depilación láser a clientes de Gran Canaria y Tenerife, a pesar de las dificultades económicas de la empresa

Policía Nacional
La Policía Nacional ha destapado una presunta estafa vinculada a varias clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser que habría perjudicado a 172 clientes en Canarias. La investigación, desarrollada durante varios meses, ha permitido identificar a cinco personas por su supuesta participación en unos hechos que afectaron principalmente a usuarios de Gran Canaria y Tenerife.
El caso se inició en octubre de 2025 tras la denuncia presentada por una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Según relató, poco después de formalizar el contrato y realizar los pagos correspondientes, el establecimiento cerró sus puertas de manera repentina sin prestar los servicios comprometidos.
Las denuncias permitieron detectar un patrón común
Tras la primera reclamación, los investigadores comenzaron a recibir nuevas denuncias de clientes que describían situaciones similares. La acumulación de testimonios permitió detectar un patrón común y ampliar el alcance de la investigación.
Las pesquisas policiales concluyeron que, presuntamente, la empresa continuó promocionando y vendiendo tratamientos estéticos y sesiones de depilación láser cuando ya atravesaba graves dificultades económicas que comprometían su capacidad para cumplir con los contratos suscritos.
La Audiencia Nacional ha asumido la causa debido al elevado número de afectados en todo el territorio español
Según los datos recabados durante la investigación, la sociedad arrastraba problemas financieros relacionados con impagos de alquileres y salarios, mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos mediante la contratación de tratamientos.
Pagos adelantados por servicios que nunca llegaron a prestarse
La investigación apunta a que decenas de usuarios abonaron importantes cantidades de dinero por adelantado o financiaron tratamientos que finalmente no recibieron. Entre los afectados se encuentran al menos 40 personas que no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas, pese a haber formalizado los pagos correspondientes.
Como resultado de las actuaciones policiales, han sido imputados el administrador único de la empresa y la directora general de la entidad, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años.
Además, otras tres personas han sido identificadas por su presunta participación en los hechos investigados. La Policía Nacional continúa colaborando con la autoridad judicial para esclarecer completamente el alcance de la supuesta trama y determinar las responsabilidades correspondientes.
Debido al elevado número de afectados, la existencia de diversas empresas presuntamente vinculadas al mismo administrador y la posibilidad de que existan perjudicados en otros puntos del país, el procedimiento ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional.
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