Sara Morales, veinte años de silencio, falta de pruebas y dolor en una desaparición sin resolver en Las Palmas de Gran Canaria

Hay fechas que no se repiten aunque el calendario avance, aunque los días se tachen y las páginas se arranquen, aunque los años se sucedan. Hoy es 30 de julio de 2026. O eso dicen los almanaques. Porque en una vivienda de la calle Ingeniero Ramírez Doreste (Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria) solo hay un 30 de julio: el de 2006. Es domingo. El reloj pasa de las 16 horas y los termómetros marcan unos 25 grados. Sara Morales tiene 14 años, se viste con una camiseta amarilla, una falda vaquera, deportivas plateadas y sus inseparables gafas. Coge el móvil sin saldo, las llaves de casa, cincuenta céntimos y dice adiós a sus padres, Nieves y Sebastián, Soto, y a su hermana Alba, con la promesa de que a las 19 horas regresará. Un «pásalo bien», un beso de despedida. La puerta del domicilio familiar se cierra y con ese golpe seco se esfuma Sara, que nunca volvió a cruzar el umbral.

Si el calendario avanzase, Sara hoy tendría 34 años. Seguiría siendo tranquila, «seguro» –dicen quienes trataron con la familia–, risueña, y amante de la música. El piano, Merche, Operación Triunfo... Las modas de entonces. Pasión de Gavilanes. Pero el tiempo se quedó congelado en aquella tarde de verano. Media hora –cuarenta y cinco minutos, a lo sumo– bastó para que Sara desapareciera en algún punto entre su casa y el centro comercial La Ballena.

Ese era su destino. Iba con ganas, nerviosa pero decidida, al encuentro de un amigo de su misma edad, Johnny, un primer amor de adolescencia. Con él había quedado a las 17 horas. Una película en el cine era el plan previsto, tras una semana sin verse. Una eternidad a esa edad. Pero Sara nunca llegó a la puerta del centro comercial. A las 17.30 horas, el teléfono de la casa familiar en Escaleritas sonó. Era el menor, impaciente, preocupado. Antes ya había intentado llamar al móvil de su amiga, pero no obtuvo respuesta. Las alarmas se encendieron y surgió una pregunta que se mantiene veinte años después: «¿Dónde está Sara?».

Nieves y Soto acudieron esa misma noche a una comisaría de la Policía Nacional a interponer la denuncia por desaparición. Sara siempre llegaba a su hora, nunca había faltado de su domicilio. El caso cayó, durante el primer mes, en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), pero ante las numerosas investigaciones que tenían sobre la mesa pronto pasó al Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía. Al frente, César Fernández.

Los primeros pasos

«Revisamos todo lo que UFAM hizo ese primer mes, era correcto, y rehicimos la vida de la niña», cuenta el inspector jefe, ahora jubilado, sobre los primeros pasos. Relata el caso como si hubiese sido ayer; sin papeles, resume los quince legajos de investigación. La solicitud de refuerzo a Madrid fue inmediata.

«Necesitábamos apoyo, sobre todo, para poder revisar el Messenger. Aquí no teníamos una línea de ADSL libre, solo la del trabajo, Madrid nos la facilitó. Además, cada mes venían de Península dos compañeros, y nosotros, cada día, enviábamos a la Central informes. Ellos nos daban ideas, y dividíamos el trabajo», rememora.

Para entonces, los carteles con la desaparición de Sara ya colgaban en todas las paredes y postes de Las Palmas de Gran Canaria. «Sara Morales Hernández. 14 años; 1,55 metros; 40 kilogramos; pelo corto, liso y castaño; ojos marrones; complexión normal». Su foto con dos coletas dio la vuelta a España.

Fernández recuerda aquel 30 de julio. «Sara estaba emocionada con la cita, por eso salió con tanto tiempo de casa para un trayecto de unos veinte minutos», cuenta. Había dos rutas posibles: o por la avenida Escaleritas o por la calle Henry Dunant. «Rehicimos todo el recorrido, solicitamos las cámaras de seguridad, aunque entonces había pocas, y nos encontramos el primer hándicap: julio, calor, cuatro de la tarde... No había nadie en la calle, la gente estaba durmiendo la siesta o en la playa. Nadie la vio». La investigación chocó contra el primer muro.

Pero Madrid tuvo una idea: el puerta a puerta. Siete agentes de Las Palmas de Gran Canaria y los dos de la capital recorrieron cada piso, cada vivienda, cada comercio. «Daba igual la hora», afirma Fernández. Ignacio Bádenas, jefe provincial, ordenó crear el Grupo Especial Sara (GES) para que se dedicaran íntegramente al caso. «Cubríamos todas las áreas, llamamos a todas las casas, desde la de Sara hasta Cuevas Torres, hablamos con todos los vecinos».

Un coche rojo y un revés

Durante esas entrevistas tuvieron una pista: un morador habló de un coche rojo con dos puertas y una palanca de cambios de madera. Lo encontraron en Los Hoyos, recogieron muestras de ADN... Pero no arrojaron ningún resultado. Con el apoyo del Ejército removieron fincas, descampados, peinaron barrancos, barrieron la costa y cerraron pozos de los que solo sacaron huesos de pardelas. También comprobaron los antecedentes de condenados por ataques sexuales. Nada.

«Cada 30 de julio inspeccionábamos la zona para ver las costumbres de la gente y siempre nos encontramos con lo mismo: nadie pasaba por la calle debido al calor». En una de esas vigilancias llegó otro revés: a una de las agentes de Madrid le dio un derrame cerebral y falleció.

Fernández y su equipo atendían todas las llamadas e investigaban cada dato. Y llegaron los videntes, los estafadores, los soplos de quienes la veían en cualquier lugar de la geografía... Del Messenger y el móvil tampoco extrajeron ninguna información de relevancia.

El inspector jefe cree que Sara nunca llegó al centro comercial. «Creo que se quedó en la parada de guaguas de Cuevas Torres». Pero no pudo subirse a ningún autocar, no llevaba bono, y los cincuenta céntimos no eran suficiente para efectuar llamadas desde las cabinas.

El violador de la furgoneta blanca

Un año después de la desaparición de Sara, Homicidios tuvo la que tal vez sea la pista más sólida. La aportó la UFAM, que perseguía a un agresor sexual en serie: Miguel Ángel M. R., el violador de la furgoneta blanca. Los únicos datos que tenían era que se movía en furgoneta blanca y que abordaba a las víctimas en la calle tras preguntarles por una dirección. «Un tío grande, acento canario y una cenefa de cuero en el vehículo», era toda la descripción con la que contaban. Entonces había 15 violaciones controladas que aumentaron a 27.

Hasta que volvió a atacar; en este caso, a una joven de 23 años que localizó en la zona de Lugo. Tras darle una paliza y tirar por la ventanilla el móvil (como hacía con todas), la trasladó a Arucas. Allí, en un descuido, ella partió la llave del coche y salió corriendo. «Tenía la llave en la mano pero no abría el puño, se aferraba a ella», recuerda Fernández. Lograron convencerla.

Esa parte de la llave contaba con una numeración que les permitió averiguar que el coche usado en esa ocasión era un Opel. A través de la Central de Madrid y Europol contactaron con la marca, que confirmó que el turismo había sido trasladado a Gran Canaria para su venta. Tráfico les proporcionó la dirección: estaba a nombre de una vecina de La Feria.

Acudieron a la vivienda donde residía con sus hijos y su marido. «Pedimos a dos víctimas que hicieran un retrato robot. Los dos retratos eran idénticos y coincidían 100% con el padre», asegura Fernández.

Desde ese momento lo sometieron a vigilancias. «Seguirlo era un infierno por lo lento que iba». Hasta que una noche se desvió y terminó en la parada de guaguas de Cuevas Torres, justo donde él sitúa por última vez a Sara. Allí, abordó a una chica que, afortunadamente, no cayó en la trampa: «Al día siguiente lo detuvimos. Su violencia iba creciendo, podría haber acabado fatal». Era 2008, habían pasado dos años. Registraron la furgoneta, el trastero, el otro coche... Nada dio positivo.

E intentaron que aquel hombre de 1,85 metros y 130 kilos confesase. Fue un día en Jefatura. «Ya tienes una losa encima, nos interesa Sara, podemos llegar a un acuerdo, a una rebaja», le dijeron. Ese día, Miguel Ángel se aflojó: «¿Me lo puedo pensar?», contestó. «Pero se echó para atrás, nunca lo reconoció».

Hubo otra escena similar, durante una conducción desde la prisión de Salto del Negro. Fernández y un compañero insistieron. Miguel Ángel respondió:

–Ustedes no entienden que tengo familia.

«Y era cierto», dice ahora el inspector: «Si llega a admitirlo, en caso de que lo hubiese hecho, la familia se tendría que haber ido de la Isla». El violador de la furgoneta blanca se suicidó en prisión tres meses más tarde, después de recibir palizas diarias y de que los otros reos le impidiesen comer.

Antes de ahorcarse, envió una carta a los padres de Sara: «No tuve nada que ver en la desaparición y muerte de Sara, que sigan investigando». A Fernández le llamó la atención la expresión: «Desaparición y muerte». El violador la daba por fallecida. «Hubo indicios, pero no los suficientes como para asegurar que fue él», cuenta.

El crematorio

En el caso se cruzó otro nombre: Marcos R., dueño de un crematorio de animales en Salinetas que intentó secuestrar a una menor en Telde. «Ese sí que se descartó», dice Fernández, al tiempo que destaca la colaboración que les aportó siempre Alberto Puebla, magistrado a cargo de la investigación.

El caso de Sara Morales es su espina clavada, tras cuarenta años en el Cuerpo, dos décadas en Homicidios en Barcelona y nueve años en el Grupo de Las Palmas. «Le fallamos», dice sobre la familia, con la que mantiene contacto. Fernández habla y todavía se le humedecen los ojos y se le eriza la piel. Le pesa no poder contestar con certeza a una pregunta, la de Josefa, la abuela de Sara: «¿Qué sabes de mi nieta?». Veinte años después, solo se puede responder con silencio.

La investigación sigue activa y sobre la mesa de Homicidios, ahora con Javier Suárez como jefe del grupo. «No solo la mantenemos abierta porque lo establece el protocolo, sino por compromiso con la familia. Todo lo que llega, lo cotejamos», asegura. El jefe de Homicidios cuenta que está catalogada como desaparición de larga duración dentro del plan estratégico 2026/2029 de Interior, que busca impulsar casos estancados.

Suárez desvela que la última vez que se abrió una línea de investigación fue en 2016. Ponían el foco en un hombre relacionado con un atropello a un menor. «No llegó a más», afirma.

Casos abiertos

En las carpetas del despacho de Homicidios hay 32 casos abiertos; el más antiguo, de 1987. Solo el año pasado, recibieron 400 denuncias, la gran mayoría, resueltas. «Cada caso es único», dice: «Algunos son complicados porque no podemos continuar las gestiones, como los menores de El Confital; otros porque no se halla el cuerpo, como el de Juana Ramos. La orografía de Canarias, con espacios no transitados y no poblados a veces se convierte en un obstáculo».

Suárez pide que nunca se espere para denunciar. «Una vez se hayan hecho las gestiones mínimas, como intentar localizar a la persona, o a la gente con la que pudiera estar, es importante que se denuncie para que la investigación empiece cuanto antes», subraya, y desmiente el mito de la necesidad de esperar 24 horas.

La de Sara Morales es una causa abierta para Homicidios y el gran pesar de César Fernández que desea que algún día la pregunta de Josefa obtenga respuesta. El calendario marca 30 de julio de 2026, pero en una casa de Escaleritas el tiempo sigue anclado veinte años atrás.