La Guardia Civil inmoviliza un barco por un vertido en un puerto de Fuerteventura: la tripulación dijo que el agua residual procedía de la lavadora

La Guardia Civil ha inmovilizado una embarcación de bandera extranjera atracada en el Muelle de Puerto del Rosario, en capital de Fuerteventura, después de detectar un presunto vertido de un líquido de color rosáceo en aguas portuarias. La medida fue acordada por Capitanía Marítima el pasado 31 de julio de 2026 y tiene carácter cautelar mientras se desarrolla el correspondiente procedimiento administrativo.

La actuación se produjo durante una inspección rutinaria llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Fuerteventura, perteneciente a la Comandancia de Las Palmas. Durante el servicio, los efectivos observaron cómo una de las embarcaciones amarradas expulsaba un líquido de tonalidad rosada a través de una tobera lateral.

Tras detectar el vertido, los agentes se dirigieron al barco para identificar a sus ocupantes. En la embarcación se encontraba una pareja de origen extranjero, propietaria y tripulante de la misma, que colaboró con la inspección y facilitó la documentación solicitada.

La tripulación aseguró que el líquido procedía de la lavadora

Durante la actuación, los guardias civiles preguntaron a los responsables del barco por el origen del vertido y si disponían de autorización para realizarlo. Según la información facilitada por la Guardia Civil, la pareja explicó que se trataba de aguas residuales procedentes de la lavadora y defendió que tanto el detergente utilizado como la propia embarcación eran de carácter ecológico.

No obstante, los agentes recordaron a los ocupantes que la normativa prohíbe realizar vertidos de cualquier tipo en aguas portuarias sin la correspondiente autorización, con independencia de la composición del líquido.

De acuerdo con el relato de los propietarios, conocían esta prohibición y señalaron que en ocasiones anteriores habían vaciado esas aguas manualmente. Sin embargo, reconocieron que en esta ocasión optaron por expulsarlas directamente al mar por considerarlo un método más cómodo y porque entendían que no ocasionaba daños al medio ambiente.

Capitanía Marítima ordena el precinto cautelar del barco

Ante la imposibilidad de determinar en ese momento la composición exacta del líquido vertido y el posible riesgo para el entorno portuario, la Guardia Civil trasladó los hechos a Capitanía Marítima de Las Palmas, organismo competente en este tipo de actuaciones.

Tras analizar la información disponible, la autoridad marítima acordó el precinto cautelar de la embarcación, al considerar que los hechos podrían constituir una infracción grave conforme al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Como consecuencia de esta decisión, el barco permanecerá inmovilizado mientras se tramita el expediente administrativo abierto por este supuesto vertido.

Los propietarios deberán presentar una garantía de 6.000 euros

Para poder levantar el precinto, los propietarios deberán constituir una garantía económica de 6.000 euros, cantidad fijada por la autoridad competente como medida cautelar.

Según explica la Guardia Civil, esta decisión responde también al hecho de que la embarcación navega bajo bandera extranjera, una circunstancia que podría facilitar su salida de aguas españolas antes de que concluyera el procedimiento sancionador, dificultando así la ejecución de una eventual sanción económica o de otras responsabilidades que pudieran derivarse del expediente.

Protección del medio marino y vigilancia en los puertos

La Guardia Civil ha subrayado que este tipo de controles forman parte de las labores habituales de vigilancia desarrolladas en los puertos españoles para garantizar el cumplimiento de la normativa marítima y medioambiental.

El objetivo de estas actuaciones es prevenir vertidos que puedan afectar a la calidad de las aguas portuarias y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos. La protección del medio ambiente constituye una de las competencias que desarrollan conjuntamente las autoridades marítimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puertos de interés general.

La investigación administrativa seguirá su curso y será Capitanía Marítima la encargada de determinar si finalmente existió una infracción y, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.