Una pareja se sentó este lunes en el banquillo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por supuestamente blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas. La Fiscalía pide seis años de prisión para los dos investigados, así como una multa de 528.300 euros para cada uno.
El primero en declarar este lunes fue el principal acusado que ya ha sido condenado en dos ocasiones por delitos contra la salud pública. Para la Fiscalía, este hombre y su esposa lavaron dinero a través de la compra de cuatro inmuebles de los que tres son propiedad de su mujer -también investigada en este procedimiento-, así como la adquisición de tres coches y dos motocicletas entre 2010 y 2017.
El procesado narró que la compra de una de las viviendas en el 2012, cuyo precio fue de 30.000 euros, la hizo gracias a una indemnización económica que recibió más 12.000 euros que le prestó un amigo. Asimismo, aseguró que se ha dedicado a la pesca aunque admitió que casi nunca ha ejercido con contrato ya que tiene problemas de salud que «dificultan» que le contraten. Reseñó, además que se ha dedicado a la albañilería y venta de coches.
Esta actividad le ha hecho generar un aproximado de 800 a 900 euros mensuales, por lo que defendió que sus ganancias licitas, más una serie de indemnizaciones que recibió por parte de aseguradoras y la ayuda de su amigo justifican la compra del primer domicilio en el que planificó hacer vida. Sin embargo, se trasladó al que era de sus padres y puso ese piso en alquiler. La acusación insistió en la procedencia de 13.000 euros que fueron hallados en el dormitorio de la pareja, a lo que el procesado contestó que un aproximado de 1.200 euros pertenecían a su mujer. A preguntas de su letrado Armando Martín, el investigado agregó que no ha logrado obtener los estados de cuenta de esa época porque su banco «se fusionó».
Por su parte, la acusada manifestó que trabaja desde que tiene 16 años y cotiza en la Seguridad Social desde 2005 hasta la fecha, así como que dos de las viviendas que ha comprado han sido gracias a embargos bancarios, por lo que ha logrado hipotecas del cien por cien de ambas con el fin de ponerlas en alquiler. «Yo no tengo un nivel de vida superior a mis ingresos», respondió con contundencia la mujer a la fiscal Inés Herreros, al tiempo que alegó que pudo ahorrar mientras vivió en el domicilio de sus suegros lo que le permitió hacer frente a los gastos de las gestiones bancarias y que los 1.200 euros que tenía en su mesa de noche eran los ahorros que tenía para el regalo de Reyes de sus hijos.
La fiscal cree que la mujer no sabía que su marido se dedicaba a la venta de estupefacientes
La investigada relató entre lágrimas que no sabía que su marido se dedicaba al tráfico de drogas y matizó que se separaron una vez que ella se enteró de este hecho. «Ya él dejo de dedicarse a eso porque yo no estaba de acuerdo», aseguró. La mujer destacó que también fue indemnizada tras tener un accidente de tráfico y ser despedida del trabajo por quedarse embarazada.
La tercera vivienda la adquirió con el fin de cambiarse de zona y como esta no tenía cédula de habitabilidad logró una rebaja de 25.000 euros en el precio pactado que era de 66.000. También narró que los vehículos y la moto que compro han sido viejos y que incluso uno de ellos lo adquirió cuando vivía con sus padres y tras sacarse el carné. En la causa también figura como responsable civil subsidiario el dueño de la motocicleta ya que nunca llegó a hacer el traspaso, según los procesados, porque tenía varios embargos.
La fiscal recalcó que le cree a la acusada en cuánto a que no sabía que su marido se dedicaba al tráfico de drogas y dejó en manos del Tribunal la acusación en contra de ella. Las defensas solicitaron la libre absolución.
