Seis acusados (cinco hombres y una mujer) se enfrentan a penas que en su conjunto suman 22 años y 10 meses de prisión y multas de diversas cuantías por estafas o colaboración en las mismas, presuntamente, por valor de 410.568,21 euros en la compra de seis coches, cuatro motos, un sofá, una televisión y menaje de hogar mediante créditos a entidades financieras que no luego no devolvían tras la venta de los bienes adquiridos y presentar documentación falsa, como certificados de empadronamiento y nóminas laborales, para poder formalizar los contratos de los préstamos. Los hechos ocurrieron en 2011 y el juicio fue suspendido en 2015 al renunciar uno de los abogados de los procesados.
En el juicio, que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará los días 15 y 16 de diciembre en Arrecife y el 17 en Las Palmas de Gran Canaria, los procesados se enfrentarán a un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa cualificada, otro delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa, un delito contra la seguridad vial y dos delitos contra la Administración de Justicia.
Los investigados
I. R.M. suscribió, según la Fiscalía, “diversos contratos de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles con distintas entidades financieras, a sabiendas de que en ninguno de los casos iba a llevar a cabo los correspondientes pagos de los efectos financiados, por cuanto los vendía a terceros a cambio de precio en efectivo que incorporaba a su patrimonio en breve espacio de tiempo posterior a la compra financiada, y antes de que las entidades financieras pudieran inscribir su reserva de dominio”. Es el principal acusado y la Fiscalía pide para él 8 años de prisión.
Según el escrito de acusación, tenía colaboradores para formalizar las compras y contactos en concesionarios de Lanzarote de los que se valía para realizar las operaciones fraudulentas o que también le tramitaban los créditos con entidades financieras sin que le entregaran los coches y motos a cambio de una comisión.
Para J.L.R.R., empleado de uno de los concesionarios, se solicitan cuatro años y tres meses de prisión, mientras que para U. M.D., trabajador de otra concesionaria, dos años y ocho meses de prisión.
Por su parte, M.M.D. se enfrenta a dos años y 11 meses de cárcel por materializar varias de las compras fraudulentas y, J. A.R.V., a dos años y ocho meses de prisión por proporcionar las nóminas falsas.
Por último, para la acusada N.A.P. la Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión.
Además, los investigados deberán indemnizar de forma solidaria entre sí las cantidades no abonadas a las cinco financieras afectadas.
Investigada por estafar 17.020 euros a una persona con trastorno cognitivo
La Fiscalía pide tres años de prisión por un supuesto delito de estafa a una mujer acusada de apropiarse de forma indebida de 17.020 euros de la cuenta de un hombre con “sus facultades intelectivas y volitivas limitadas para gobernar su persona y bienes”. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el juicio el próximo lunes, 13 de diciembre, en Arrecife.
La investigada, M.J.C.M., mayor de edad y sin antecedentes penales, según el escrito de acusación de la Fiscalía, con pleno conocimiento se valió del “trastorno neurocognitivo, de la claramente perceptible influenciabilidad del perjudicado, así como de su analfabetismo” para cometer la estafa. De ese modo, el 6 de junio de 2016, una vez se ganó la confianza de la víctima, este la designó como persona autorizada en la cuenta que tenía en el Banco Santander con el fin de que pudiera acceder a las cantidades que tenía consignadas en la misma.
Una vez obtenida dicha autorización, entre el 6 de junio y el 31 de agosto de 2016, la acusada procedió a realizar numerosas disposiciones de efectivo, tanto en cajero como en ventanilla, tanto directamente como por medio del propio perjudicado, en distintas oficinas de las localidades de Arrecife, Puerto del Carmen (Tías) y Playa Honda (San Bartolomé), hasta un total de 17.020 euros. Fruto del presunto desfalco que la procesada realizó en la cuenta como consecuencia de tales operaciones en un espacio temporal tan corto, dejó al perjudicado “en una grave situación económica, toda vez que, de los 15.127'13 euros de que disponía en su cuenta corriente a fecha 6 de junio de 2016, tan solo quedaron 561'87 Euros a fecha 31 de agosto de 2016”, relata la Fiscalía.
Además de los tres años de prisión, la acusada se enfrenta a una multa de diez mes, con una cuota diaria de 12 euros con la responsabilidad personal subsidiaria, para el caso de impago de la multa y el abono de las costas.
