El magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, ha decretado el archivo definitivo de la causa judicial abierta contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, investigada por la presunta compra de votos en las elecciones de 2011 y 2015. En un auto fechado el 16 de marzo, el juez archiva la causa sobre los supuestos delitos electorales en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 y 24 de mayo de 2015 “al encontrarse exenta de responsabilidad criminal por la prescripción de tales delitos”. En el caso de los comicios del 26 de mayo de 2019, el magistrado la archiva de forma provisional y sostiene que no ha resultado “debidamente justificada” la comisión de los delitos que se imputaban a la regidora moganera.
En el mismo auto, el juez archiva las causas abiertas contra el resto de investigados, entre ellos el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso. Además de estos cargos públicos, la investigación estaba dirigida contra Salvador Álvarez León, José Monzón Trujillo, Yasmina Suárez Alemán, Carmen Lidia Caballero Arce y Marzouk Ghalidi Ahaouari, Luis Oller Daza, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y Ramón Trujillo Cruz, el Perraya.
Con este auto, el juez Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, se adhiere a las peticiones del fiscal Jorge López Tineo, que justo un mes antes, el 16 de febrero, solicitó el archivo de la causa abierta para investigar la presunta compra de votos en 2011 y 2015 al haber prescrito el delito, y la de 2019 al considerar que no había pruebas suficientes para continuar con la investigación.
La denuncia por la supuesta compra de votos en las elecciones, interpuesta por el exalcalde de Mogán, Francisco González (PP), llevaba siete años en los tribunales, período en el que tuvo lugar varias rondas de declaraciones a los investigados. En la última ronda, que se distribuyó entre junio y octubre de 2021, una de las testigos llegó a desdecirse y declarar que nadie le había comprado su voto, como sí había afirmado en su primera declaración ante la Guardia Civil.
Un año antes, la alcaldesa Bueno y sus dos concejales investigados fueron detenidos por la Guardia Civil, en septiembre de 2020, durante la fase de investigación de estas causas y los agentes de la benemérita realizaron un registro de las dependencias municipales para luego intervenir numerosa documentación relacionada con el caso. Ese mismo día, horas después, los tres detenidos fueron puestos en libertad y al día siguiente la regidora convocó una rueda de prensa en la que vinculó su detención a las críticas que durante semanas lanzó sobre la inacción por parte del Gobierno central para trasladar a los migrantes que se hacinaban en el muelle de Arguineguín durante la fase más dura de la crisis migratoria. “Sacar las vergüenzas al Estado sale caro” , afirmó entonces.
