La Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa al presidente de una comunidad de propietarios de Playa del Inglés y al administrador de la misma de apropiarse de 20.000 euros de la cuenta comunitaria. También imputa al abogado por, presuntamente, colaborar con los procesados para disfrazar la operación con una deuda antigua.
Según la fiscal Elena Herrera Rodríguez, Bob S. actuó en su condición de presidente de la comunidad de propietarios de la Avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana. El cargo lo ostentó al menos desde el 25 de noviembre de 2005 hasta el 24 de febrero de 2015. Víctor A., por su parte, figuraba como el administrador.
Ambos, a juicio del Ministerio Fiscal, «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito» sustrajeron diversas cantidades de dinero de la cuenta de la comunidad, las cuales «incorporaron a su patrimonio».
El escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública sostiene que se hicieron tres retiros de dinero los días 22 y 26 de noviembre de 2010, así como una el 4 de enero de 2011 por un valor total de 15.630 euros. Posteriormente, los días 15 y 31 de marzo, 20 de septiembre y 16 de diciembre de 2011 efectuaron transferencias a nombre del encausado Víctor A. por un valor de 4.600 euros.
Así, el presidente y el administrador de la comunidad de propietarios, presuntamente, «se pusieron de común acuerdo» con el procesado Pedro C., quien era el abogado de la misma. Esto, «con la finalidad de justificar ante la junta que se celebró el 21 de marzo de 2013 las anteriores disposiciones de la cuenta» comunitaria.
Para ello, reseña la Fiscalía en su escrito de acusación, el 21 de marzo de 2012 «de manera torticera y, a sabiendas de su inveracidad, elaboraron un documento en el que se hacía constar que el presidente de la comunidad había entregado 21.500 euros en calidad de préstamo». En el escrito también se puso de manifiesto que Pedro C. estaba presente en el acto de entrega de dicha cantidad.
Además, le pusieron a dicho documento la fecha del 20 de diciembre de 2006 y plasmaron en este la firma tanto del presidente como del administrador y del abogado, con lo cual «generaron la apariencia de un crédito ficticio que debía ser satisfecho por la comunidad». La acusación pública destaca, a su vez, que Pedro C., a sabiendas de que representaba a la comunidad y le correspondía velar por los intereses de ésta, «faltó a los deberes de su cargo» al generar con ese documento la apariencia del falso préstamo. Y es que con ello «afectaba negativamente» los intereses económicos de su cliente, al tiempo que era «plenamente consciente de la inveracidad de la deuda».
En especial porque, según la tesis del ministerio público, dos meses después de supuestamente firmar ese documento de préstamo, el 23 de febrero de 2007, explicó en una junta que uno de los propietarios había ya saldado su deuda de 20.000 euros que tenía con la comunidad.
Víctor A. y Pedro C. cuentan con antecedentes penales que no son computables. El primero fue condenado por un delito de impago de pensiones en 1999. Mientras, el letrado acumula dos condenas que datan del 2015 y 2017 por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas cada una de ellas.
La Fiscalía ha pedido una condena de cuatro años y seis meses de prisión para Bob S. y Víctor A. por un delito continuado de apropiación indebida y falsedad en documento privado. Mientras, para Pedro C. requiere un año y seis meses de cárcel, así como una multa de 10.800 euros por los delitos de deslealtad profesional y falsedad en documento privado. También interesa que el presidente y el administrador de la comunidad indemnicen solidaria y conjuntamente a la junta con 20.230 euros. El juicio contra estos tres procesados se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.
