Un joven se enfrenta a 15 años de prisión por, supuestamente, haber abusado de una niña durante casi cuatro años en Gran Canaria. El hombre se sienta en el banquillo el próximo jueves acusado de haber cometido un delito de agresión sexual a menor de 13 años, así como otro de pornografía infantil.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, el acusado tenía «una relación muy estrecha» con la familia de la víctima, razón por la que, entre los años 2013 y 2016 la menor acudía con frecuencia a la vivienda donde su presunto agresor residía.
Una de las ocasiones en los que el joven –que ahora tiene 27 años y del que no se dan más datos para proteger a la víctima, que en el momento de los hechos tenía entre 11 y 14 años– abusó de ella fue mientras jugaban videojuegos en ausencia de la madre de ésta. El procesado, supuestamente, le dijo que si uno de los dos ganaba, tenían que «darse un beso» y fue entonces como el investigado comenzó a darle besos en la boca –«con ánimo libidinoso»– a la víctima.
Otro de los episodios que reseña el ministerio público en su escrito de acusación también sucedió en la vivienda del investigado cuando la víctima acudió a ese domicilio en compañía de su progenitora. Ese día, el acusado comenzó a realizarle diversos tocamientos de índole sexual por debajo de la ropa. Una situación que «se convirtió en rutina» y que incluía besos en la boca «con frecuencia», además de enseñarle vídeos pornográficos al tiempo que le decía «mira, esto es el porno, así se hace».
Amenazas
El hombre «amenazó» en una oportunidad a la víctima diciéndole que tenía un vídeo suyo, con lo cual acudió a su vivienda. En el descansillo le dijo que era mentira y que no tenía material audiovisual alguno. Le aseguró, a su vez, que sólo quería verla y empezó a besarla. Así, el procesado hizo habitual el chantajear a la menor con que tenía algo suyo cada vez que quería verla.
El joven, de entre 18 y 21 años al momento de los hechos, también amenazaba a la víctima con que haría públicas unas fotos suyas si no quedaba con él, lo que hacía que ante el «temor» accediera a verle. También le dijo que nadie podía enterarse de estos hechos.
Los abusos, según la acusación pública, no cesaron ahí. Otro de los hechos que señala el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales acaeció en el salón de la vivienda de la víctima. Allí, el encausado le puso un vídeo en internet y le enseñó cómo establecer una navegación privada para después ponerle un material pornográfico con el cual éste se masturbó. Un hecho similar se repitió en la casa del joven donde también le enseñó un vídeo de una felación, a la vez que se tocaba hasta eyacular.
Los tocamientos de índole sexual fueron constantes ya que, según reseña la Fiscalía, el investigado le tocó los pechos y sus partes a la víctima en el salón del domicilio de esta en «muchas ocasiones». Los dos fueron a una caseta situada en una montaña donde el investigado intentó penetrarla por vía vaginal, pero se negó porque no quería perder la virginidad, por lo que la penetró analmente.
Depresión
A consecuencia de esto, la víctima presenta una sintomatología de índole ansioso-depresiva con dificultades para relacionarse socialmente, es emocionalmente inestable, sensible y siente inseguridad, además de mostrar retracción social.
El encausado tiene antecedentes penales, ya que fue condenado en sentencia firme el 22 de octubre de 2015 por un delito de violencia de género a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Finalmente, la Fiscalía ha calificado estos hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de 13 años, así como otro de pornografía infantil, por los que pide una condena total de 15 años de prisión. También exige que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años, la medida de libertad vigilada por diez años y la inhabilitación para ejercer cualquier oficio o profesión que conlleve contacto regular y directo con menores durante 14 años.
Con respecto a la responsabilidad civil, la acusación pública requiere que el joven indemnice a la víctima con 30.000 euros por los daños morales. Será el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial quien juzgue el próximo jueves, 2 de junio, al acusado.
