“Yo creo que ellos nunca quisieron arreglar nada. Ellos querían coger la planta”. Así ha respondido el representante de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, al declarar como testigo en el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
Club Lanzarote, como dueña de la planta, fue quien presentó la querella que dio inicio a esta causa. Y aunque finalmente se retiró como acusación particular, Cañada ha dejado claro en su declaración el perjuicio que les supuso esta medida, que ya entonces advirtieron de que era ilegal.
“¿Se sintió presionado durante la incautación?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular. “Sí. Ese día me sentí mal, muy mal”, ha respondido, recordando que terminaron forzando el candado de entrada a las instalaciones.
Después, a preguntas de la fiscal, ha confirmado que la incautación -que después fue anulada por los tribunales- les supuso un daño económico. “Por supuesto”, ha contestado, ratificando que la planta “daba beneficios”. “Está claro”, ha apostillado.
Precisamente por esos beneficios económicos se le había preguntado el día anterior al entonces gerente de Canal Gestión, que fue quien se quedó con las plantas incautadas. “Ahora mismo no podría contestar a esa pregunta con rigor”, sostuvo Gerardo Díaz, al preguntarle por los beneficios que supuso para su empresa quedarse con las plantas de Club Lanzarote.
Por su parte, el representante de Club ha dejado claro que sí daba beneficios y ha precisado que, en su caso, como responsables del plan parcial, los destinaban al mantenimiento de la urbanización, que no había sido entregada a la administración.
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