Un hombre ha sido condenado este martes a cuatro años de prisión por un delito de estafa agravado por el número de víctimas y la cantidad robada, tras llegar las partes implicadas a una conformidad al inicio del juicio, que se ha desarrollado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El otro de los acusados no ha comparecido ante la justicia por lo que ha sido puesto en busca y captura. Ambos, que son padre e hijo, se pusieron de acuerdo para acercarse a personas que conocían de su lugar de residencia o que eran especialmente vulnerables por su avanzada edad, estado de salud o por encontrarse en situación de exclusión social para engañarlas y obtener beneficios patrimoniales ilícitos por valor de más de 67.000 euros.
Pese a que la Fiscalía de Las Palmas solicitaba una pena de siete años, al llegar a la conformidad se ha rebajado la condena hasta los cuatro años de prisión. Cuando se encuentre al otro de los encausados, tendrá que presentarse en sede judicial para escuchar su pena. Además de la cárcel, también tendrán que indemnizar de forma conjunta y solidaria a las personas a las que estafaron, así como a las compañías y entidades bancarias o de crédito que también se han visto perjudicadas por estos hechos delictivos.
El caso se destapó después de intentar vender la propiedad de una víctima y esta se echara atrás
Según la relación de los hechos, los dos condenados, J. B. S. C. y A. J. S. Q., llevaron a cabo actos defraudatorios entre el año 2017 y 2019 en los que se vieron afectadas hasta nueve personas, todas ellas con características que les hacían especialmente vulnerables. En cuatro ocasiones, engañaron a las víctimas para que les dieran cierta información personal y bancaria con la que adquirieron cuatro vehículos, tres de los cuales revendieron en concesionarios de segunda mano, quedándose con el restante para su uso y disfrute personal. En estos trámites, les fueron concedidos préstamos por entidades que no han sido devueltos en su totalidad y por los cuales se reclaman más de 45.000 euros en total.
Además, en varias ocasiones adquirieron terminales móviles de alta gama de compañías de telefonía después de crear, a nombre de las víctimas, líneas de teléfono móvil o fijo, los cuales revendían en un mismo local del centro comercial La Ballena para obtener los beneficios, creando perjuicios económicos a estas empresas.
Los condenados llegaron a comprar hasta cuatro coches, tres de los cuales fueron revendidos
También se acercaron a distintas entidades de crédito para que, usando los datos de las personas a las que engatusaban por la calle, les concedieran préstamos que luego las víctimas no podían abordar, quedándose los condenados con todo el montante. En total, llegaron a defraudar más de 6.700 euros a diferentes compañías. En otra ocasión, hicieron compras por valor de 5.950 euros en dos establecimientos comerciales valiéndose de la tarjeta de una de las víctimas, en la que se realizaron además disposiciones económicas por importe de 3.350 euros.
El caso se destapó en 2019 cuando hicieron creer a una de las víctimas que su participación era necesaria en una operación inmobiliaria como avalista de un préstamo que supuestamente iba a ser contraído por los condenados con su vivienda y domicilio habitual. Padre e hijo tenían el objetivo de vender a terceros este inmueble por importe de 50.000 euros, pese a que su valor de mercado era superior. Al encontrar un comprador por medio de un agente inmobiliario, y en el momento de firmar la documentación, la persona damnificada terminó desistiendo en el último momento, malográndose la operación.
