La Fiscalía de Las Palmas solicita una pena de cinco años de prisión y 7.200 euros de multa a uno de los cuatro detenidos por los destrozos ocasionados la noche del 8 de febrero de 2021 en el complejo de Puerto Bello, en Puerto Rico, en medio de los altercados que, presuntamente, protagonizaron una veintena de migrantes alojados en el recinto durante la crisis migratoria del año pasado. El único de los encausados mayor de edad se enfrenta a un juicio en su contra la semana que entra como presunto autor de un delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el delito de atentado y por otro de daños.
El Ministerio Público relata en el escrito de acusación los hechos que acontecieron desde las 22.30 horas de aquel 8 de febrero de 2021 cuando, «con ánimo de perturbar de forma grave la paz y la tranquilidad del resto de los residentes del centro y de los trabajadores del mismo y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno», el encausado, que es considerado el principal instigador, y hasta una veintena de personas provocaron una alteración multitudinaria. El hombre portaba en ese momento una pata de madera arrancada de alguna cama del recinto y estaba acompañado de otros cuatro menores que llevaban a su vez cadenas, palos de madera o cristales.
Con estas armas «amedrentaban a los residentes» del complejo Puerto Bello, al tiempo que instaban a los demás a sumarse al tumulto, consiguiendo que hasta 20 de los menores residentes se sumaran. En su avance, «causaron destrozos en todas las plantas del recinto», rompieron cristales de las puertas y ventanas, muebles y electrodomésticos, vigas, enganches y tomas de luz. Al mismo tiempo, lanzaron «todo tipo de objetos, como microondas, sillas o mesas, por los balcones de las habitaciones de las plantas superiores hacia las inferiores», reza el escrito del fiscal. Ello generó que los educadores del centro que se encontraban en el momento de los hechos en su interior se escondieran ante el temor de ser lesionados en una de las dependencias mientras esperaban a que llegaran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Al personarse los agentes de la Guardia Civil del puesto de Puerto Rico, y según los hechos recogidos por el fiscal, «observaron la colocación de barricadas construidas con sillas, microondas y cristales en el suelo». Asimismo, los residentes habían vertido agua con jabón por el suelo para impedir el acceso al complejo de los policías y la detención de los causantes de los altercados. Cuando consiguieron superar estas barreras, se encontraron con que las personas migrantes no depusieron en su actitud.
«Ante el estado de agresividad, alteración y nerviosismo del grupo, con ánimo de atentar contra el principio de la autoridad, les lanzaron diferentes objetos, como garrafas de agua llenas o pequeños electrodomésticos», continúa el escrito de Fiscalía, si bien ninguno de estos efectos llegaron a impactar contra los agentes, aunque sí pusieron en riesgo su integridad física. Tras varias horas de actuación policial, finalmente se procedió a detener al encausado, identificado con las iniciales A. H.
El acusado, al que se considera instigador, habría provocado «una alteración multitudinaria»
Según la tasación de un perito, los desperfectos ocasionados en el complejo de apartamentos de Mogán ascienden a 10.092,42 euros, cantidad que reclaman los propietarios del mismo, Hermanos Medina La Herradura S.L. El centro tutelado en ese momento por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se encontraba gestionado en ese momento por la ONG Respuesta Social Siglo XXI.
Sin embargo, los propietarios del complejo turístico reclaman cerca de un millón de euros por los daños que se produjeron mientras funcionaron como centro tutelado de menores migrantes. Por ese motivo, decidieron en su momento apartarse como acusación particular de este proceso y emprender otro procedimiento por la vía contencioso administrativa en la que reclamarán la cantidad al propio Gobierno de Canarias. Según explicó en su momento el letrado que representa a Hermanos Medina La Herradura S. L., exigen a la Comunidad Autónoma todos los desperfectos causados durante el tiempo que duró el contrato, que se extinguió en julio de 2021, ya que las pérdidas han sido superiores a los beneficios obtenidos puesto que la tasación de los mismos asciende al millón de euros.
Contra el migrante acusado en este procedimiento, el Ministerio Fiscal solicita la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el delito de atentado. Asimismo, por el delito de daños, piden una multa de 7.200 euros a razón de 12 euros diarios durante veinte meses, así como el abono de las costas procesales.
Los daños en el recinto son tasados en 10.092,42 euros, que son reclamados por sus propietarios
Al tratarse de un ciudadano extranjero, y en caso de recaer sentencia condenatoria, Fiscalía interesa que las penas de prisión impuestas sean sustituidas por la expulsión del penado del territorio español, cuando al mismo se le conceda la libertad condicional. Por último, en concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la empresa propietaria del complejo de apartamentos en la cantidad de 10.092,42 euros, de la que responderá subsidiariamente el Gobierno de Canarias.
Denuncias por abuso y lesiones
En relación con este centro tutelado, la Fiscalía también se ha querellado contra los responsables de las instalaciones, así como de la entidad concesionaria de la gestión, Respuesta Social Siglo XXI, y uno de los cuidadores al detectar la comisión de varios delitos contra los residentes del complejo. En concreto, abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones leves. El Ministerio Público les acusa de no haber adoptado medidas para solucionar los problemas en el recinto pese a tener conocimiento de que se producían situaciones de falta de atención y necesidad. Por su parte, la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias también denunció en su momento deficiencias en el complejo y que se habían producido episodios de abusos sexuales y prostitución de menores. | C. A. S.
