La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel a un hombre que en 2019 simuló ser el propietario de una promoción inmobiliaria en la calle Marianao de Las Palmas de Gran Canaria, en Salto del Negro, para quedarse ilícitamente la cantidad de 19.600 euros que le dio una víctima para adquirir una de las viviendas que supuestamente iba a erigir. El acusado ya fue condenado en septiembre de 2014 por un delito de estafa a dos años de prisión. El juicio tendrá lugar este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado, identificado con las iniciales A. Q. P., aparentó una solvencia de la que carecía y, sin intención de asumir las responsabilidades que asumía y ánimo de lucro ilícito, ofreció una serie de viviendas sobre plano a través de un portal web de compraventa de casas que supuestamente iba a construir en un solar de su propiedad en la calle Marianao número 87. De esta forma, una mujer, a través de una agencia inmobiliaria, firmó un contrato de reserva con el hombre para adquirir uno de los siete pisos a erigir.
El acusado, en calidad de vendedor y como administrador de la sociedad Camino Verde SC, a la que hizo constar como propietaria del solar, suscribió el documento de reserva por el cual la víctima le entregó la cantidad de 16.000 euros. Posteriormente, le abonó mensualidades de 300 euros hasta hacer un total de 19.600 euros, a razón de un año de pagos rutinarios.
El acusado se quedó con las cantidades sin destinarlas al fin para el que le habían sido entregadas, ya que nunca fue propietario del solar y, por tanto, nunca comenzó las obras de esa supuesta promoción. El dinero no ha sido restituido en ningún momento a la víctima.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal opina que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada, previsto en los artículos 248.1, 249 apartado 1 y 250.1.1º del Código Penal y que, además, concurre en el acusado la circunstancia agravante de reincidencia. Solicita, en consecuencia, la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y una multa de 4.950 euros a razón de 15 euros diarios durante 11 meses. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá resarcir a la víctima en la cantidad de 19.600 euros.
