La Justicia archiva la causa a 12 de los 14 investigados del caso NAP, entre los que se encuentran Carlos Alonso (CC), expresidente del Cabildo de Tenerife, y Aurelio Abreu (PSOE), exvicepresidente de la Corporación insular. Se trata de un procedimiento sobre presuntas irregularidades en la absorción hace 10 años por parte de la empresa pública ITER, del Cabildo de Tenerife, de otra empresa público-privada, la tecnológica NAP. La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, María Isabel Pardo-Vivero, considera que «no aparece debidamente justificada la perpetración de delito» en la actuación de estas 12 personas, que dejan de estar investigadas y salen del procedimiento judicial.

En un auto notificado ayer, la magistrada mantiene como únicos investigados por los delitos de prevaricación –tomar decisiones aún a sabiendas de su ilegalidad– y malversación de fondos públicos –administración desleal o apropiación indebida de dinero público– a Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife por CC entre 1999 y 2013, y a Manuel Cendagorta, que fue director-gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife (ITER).

La jueza María Isabel Pardo-Vivero acepta de esta manera la petición de la fiscal Olga Méndez, que en un escrito del pasado mes de julio pidió el sobreseimiento provisional de la causa para estas 12 personas. Entre los cargos en los que la jueza y el ministerio público no ven conducta delictiva también hay personalidades del ámbito social y económico de la Isla como Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna; y Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). O cargos del Gobierno canario como el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez (PSOE).

El caso NAP, llevado a la justicia por el actual Gobierno del Cabildo de Tenerife (PSOE y Ciudadanos, con el apoyo externo de Sí Podemos Canarias), indaga si hubo irregularidades en un consejo de administración del ITER celebrado en 2012 en el que esta empresa del Cabildo tinerfeño aprobó la adquisición de una empresa mitad pública y mitad privada, NAP (Network Access Point, punto de acceso a internet) de África Occidental-Islas Canarias. Lo hizo «asumiendo con dinero público las cuantiosas deudas de la parte privada sin que estos socios privados realizaran desembolso adicional, asumieran riesgo alguno, ni tuvieran que responder por esas pérdidas», como asegura la denuncia del ministerio público del 29 de junio del año pasado que abrió el procedimiento.

Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Provincial consideró que había que investigar a todos los consejeros al hallar indicios de delito. Luego concluyó, una vez avanzada la investigación y tras la declaración de imputados y testigos, que estos 12 miembros de aquel consejo de administración que apoyaron la operación del ITER no cometieron ninguna ilegalidad. La jueza que instruye el caso NAP, María Isabel Pardo-Vivero, confirma ahora la conclusión de la fiscal Olga Méndez.

La lista de personas a las que se archiva la causa la completan Raquel Lucía, consejera delegada de la entidad INtech del Cabildo; Nicolás Díaz, exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias; los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), Magaliz López (CC) y Jesús Morales (CC); y Esteban González (PP), exedil de Urbanismo de Granadilla. Todos representaban a sus partidos o entidades en el consejo del ITER.

«No se puede acreditar, al menos por ahora, que los investigados mencionados [los 12 a los que se ha archivado finalmente la causa] tuvieran un conocimiento real y efectivo de la situación económica» del NAP, porque según sigue exponiendo la fiscal y coincide la magistrada, «los otros dos investigados, Ricardo Melchior y Manuel Cendagorta, se habrían preocupado de ocultar, dificultar o impedir el acceso al resto de los investigados a la documentación». Estos documentos ocultados «son necesarios para comprender que se estaba llevando a cabo una operación económica en claro perjuicio de los intereses del ITER», la empresa pública del Cabildo. El ministerio público también aseguró que los préstamos para la absorción del NAP fueron «irregulares» y «concertados sin que los socios del capital privado asumieran ninguna garantía».

A la fiscal y a la jueza les sorprende, tal y como aseguran en sus escritos, «las maniobras dirigidas a ocultar la información real ya que se entregó a los miembros del consejo de administración la memoria consolidada de las cuentas de la entidad ITER, en lugar de facilitar la memoria económica anual de la entidad NAP, que reflejaban la verdadera situación económica de la sociedad absorbida».

El caso NAP, que según jueza y fiscal pudo causar un gran agujero económico a las arcas públicas del Cabildo, surge de otro que investiga de forma paralela la justicia, también relacionado con la Corporación insular: el caso Geneto. También fue denunciado por el actual Gobierno del Cabildo. En el caso Geneto, la Fiscalía denunció a Julio Pérez (PSOE), actual portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Justicia y Seguridad, por delitos de corrupción. Pérez está citado a declarar hoy al mediodía en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luz Casañas Cabrera.

El escrito del ministerio público afecta a una operación urbanística por la que también están investigados los expresidentes de la Corporación insular Ricardo Melchior y Carlos Alonso, y el director de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado (PSOE). La justicia estudia en este caso Geneto presuntas irregularidades en la compra en 2012 por parte del Cabildo de Tenerife de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, situada en Geneto, La Laguna, por 18,9 millones de euros. La empresa NAP fue la vendedora de uno de estos terrenos.