El juicio contra un hombre acusado de haber agredido sexualmente en dos ocasiones a su hija, menor de edad y con una discapacidad reconocida del 33% quedó este lunes suspendido, a la espera de realizar un informe médico. Y es que la abogada de la defensa, en las cuestiones previas al inicio de la sesión, presentó un acta del Gobierno de Canarias donde se señalaba que el procesado tenía una discapacidad del 42%. De esta forma, será un médico forense el que confirme o no esta versión, momento en el que se procederá a señalar nueva fecha para juzgarle.
La defensa solicitó al tribunal, presidido por el magistrado Emilio Moya, la suspensión de la sesión al objeto de estipular si el acusado se encuentra en disposición de comprender el juicio y si puede incluso llegar a modificarse las penas que interesan las acusaciones en base a la supuesta discapacidad que puede tener. Este aspecto solo puede ser avalado ante la sede judicial por un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
Tras el visto bueno de todas las partes, el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas convino la suspensión ‘sine die’ del procedimiento.
Según el escrito de Fiscalía, Víctor Manuel M. S., «con objeto de satisfacer sus instintos sexuales a costa de su hija», que tiene reconocida una discapacidad del 33% y que contaba en ese momento con 16 años, se dirigió en varias ocasiones a ella diciéndole que tenía «que darle cariño», para lo que manoseó los pechos y la zona genital de la menor. En dos ocasiones, una en la propia vivienda familiar en Jinámar y otra en un descampado del barrio de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria, el hombre penetró vaginalmente, a base de golpes y amenazas, a su hija.
Es por estos dos delitos de agresión sexual que la fiscal del caso, Cecilia Acebal, solicita una pena de 30 años de cárcel, 15 por cada uno de los delitos, y una indemnización por valor de 40.000 euros a la joven en concepto de responsabilidad civil.
