La magistratura canaria lanza un mensaje claro. La imagen que da a la ciudadanía la crisis institucional en el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por el bloqueo político es nefasta. La población duda, ante tanta lucha entre los principales partidos para mantener sus intereses, que el poder judicial actúe con independencia respecto a los otros contrapesos del Estado, y eso desprestigia al conjunto de jueces, juezas, magistrados y magistradas que cada día defienden los derechos de los ciudadanos y la legalidad. Todo ello se ha visto potenciado esta semana, sostienen, con la renuncia de Carlos Lesmes a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo como toque de atención para que PSOE y PP se sentaran a negociar seriamente una renovación que lleva siendo un arma arrojadiza desde hace casi cuatro años.
Las cuatro asociaciones de la judicatura en las Islas coinciden en que este movimiento de Lesmes podría servir para desbloquear la actual situación. Sin embargo, son escépticas a la hora de afirmar que vaya a contribuir a resolver los problemas que tiene el poder judicial en España. Y uno de los mayores tiene que ver con el desprestigio del oficio, pero también los hay relacionados con la falta de jueces o la inoperatividad que provoca esta obstrucción en el desempeño normal y cotidiano de sus funciones. Todo ello está afectando, en resumen, el ejercicio de un servicio público que debe servir como parapeto de los derechos de la ciudadanía, y es ahí donde quieren poner el foco.
«El problema de este país es que la justicia no está politizada, pero sí el órgano que la administra y dirige»
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), El Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) aseguran que debe producirse un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo que llegan desde la judicatura, al estilo de lo que ocurre con el resto de oficios judiciales. Que pasen de ser designados por el poder legislativo a serlo en elección directa por su propio gremio. Con rotundidad, entienden que esta sería la única vía posible para recuperar la imagen de imparcialidad que se antoja tan necesaria en los órganos judiciales. Y que es una exigencia directa que hacen desde Europa desde hace años, más insistentemente si cabe todavía en los últimos tiempos, como se vio en la reciente visita del comisario de Justicia continental, el belga Didier Reynders.
No ha habido unanimidad en el apoyo de la propuesta planteada por Juezas y Jueces para la Democracia en cuanto a la dimisión en bloque de los vocales restantes del órgano de gobierno de la judicatura. El resto de asociaciones cree que sería contraproducente, porque dejaría en situación de vacío institucional al Consejo y empeoraría el ya delicado estado del poder judicial.
«Sería conveniente hablar de la justicia no solo en crisis, sino en todo momento por su déficit como servicio público esencial»
Sin embargo, para el portavoz de JJpD en la provincia oriental, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Herrera, esta sería la mejor manera para obligar a Gobierno y oposición a sentarse a la mesa y negociar. «Yo entiendo que esta situación de vacío total de poder podría significar un punto de inflexión total. De no ser así, se demostraría un fracaso total por parte del Estado, fallaría España como un Estado democrático de derecho». De hecho, recordó que el jueves ya fue nombrado un sustituto temporal de Lesmes entre los vocales que quedan del CGPJ -Rafael Mozo-, por lo que no se habría tardado demasiado en estar «en una situación muy parecida a la que había antes de que dimitiera el anterior presidente». Por ello, no confía en que el acercamiento entre Moncloa y el PP sirva realmente para «descongestionar» ese bloqueo.
En general, el escepticismo reina en el ambiente de la judicatura. Pese a que opinen que el movimiento de Lesmes haya agitado el avispero, siguen sin creer que el acercamiento entre los principales partidos del país termine llegando a buen puerto. Más que certezas, lo que se tienen son esperanzas. La representante del Foro Judicial Independiente en Las Palmas, Elena Corral, cree que el desbloqueo se producirá «cuando realmente le interese a la clase política». Para la magistrada de la Audiencia Provincial, el principal problema es que «la izquierda quiere poner a los suyos, y la derecha también» y que ello dificulta el entendimiento. Y aportó la que considera es la clave para lograr desencallar la tesitura actual: «Ponerse de acuerdo en nombres independientes, que no sean ni de un bando ni del otro, que estén dispuestos a apoyar tanto a los del PSOE como a los del PP».
«Esta renuncia, para que hubiese tenido más efecto, debía haber estado seguida del resto de vocales del CGPJ»
También ha tenido mucho recorrido el por qué Lesmes decidió dimitir en este momento y no en los últimos casi cuatro años desde que ostenta la Presidencia del CGPJ en funciones. Para el portavoz de la APM en Las Palmas, el juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria Juan Avello, la respuesta a esa pregunta es «compleja», más si cabe en el momento actual. Adalberto de la Cruz, por su parte, como portavoz de la AJFV en Las Palmas subraya que esa decisión es de «índole personal» y que desconoce los motivos que le llevaron a tomarla ahora y no antes. «Pero sí debemos tener en cuenta que esta dimisión es consecuencia de un problema que lleva vigente desde hace mucho tiempo, que los partidos políticos no cumplen con su labor institucional y constitucional», asevera.
Las islas, afectadas
La situación de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces afecta en el día a día de la administración de los tribunales por todo el país. En Canarias, hay cuatro vacantes en la sala de Gobierno del TSJC que están a la espera de que termine la interinidad del Consejo y que entorpece el normal desarrollo de algunas salas del alto tribunal autonómico. Concretamente, están vacías las presidencias de las dos salas de lo Social, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Adalberto de la Cruz indica que esto se debe a que existe una normativa que agrava la situación más allá de que los partidos políticos no dialoguen, de tal manera que «recorta las funciones del CGPJ en funciones; ni se le renueva, ni se le permite actuar en cuanto al desempeño de todas sus labores».
«La dimisión de Lesmes es consecuencia de la crisis constitucional que lleva vigente en España desde hace años»
Juan Avello, por su parte, insiste en que la ausencia de ciertos puestos en los órganos de gobierno y administración de la justicia no significa que esta no se desarrolle con cierta normalidad a diario en los juzgados de todo el país. «Yo celebré 15 juicios hoy [por el jueves], y tendré otros 15 mañana [por el viernes]», detalla para reforzar su opinión y tratar de quitar de la mentalidad colectiva que los tribunales no se encuentran desempeñando su trabajo de manera independiente a lo que ocurre en las altas esferas. Lo que sí cree que está produciendo este paréntesis en el Consejo es una afectación general en «la apariencia de imparcialidad de la justicia». Pero además de esto, también entiende que hay que resolver otras cuestiones relacionadas con la ausencia de medios humanos y físicos para ejercer sus funciones y que provoca un menoscabo en la ciudadanía.
Tras la renuncia de Carlos Lesmes el domingo pasado, el Gobierno y el PP se sentaron a negociar, pero los reproches regresaron el Día de la Festividad Nacional, y es por eso que las asociaciones de la judicatura son más reacias a creer que el movimiento del antiguo presidente del CGPJ y el Supremo logre, por fin, reconducir la situación de bloqueo.
